Madrid
Este miércoles arranca el primer test de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, las primeras Cuentas Públicas de Pedro Sánchez desde su llegada al Gobierno en junio de 2018. Pese las 28 enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, JxC, Foro Asturias, Coalición Canaria, BNG, la CUP, y el apoyo externo de UPN, el trámite de las enmiendas de devolución será rechazado por el resto de fuerzas políticas dispuestas a continuar con las negociaciones de los Presupuestos con mayor gasto social de la historia. En concreto, con un incremento del 10,3% y el añadido, por primera vez, de 27.000 millones de euros procedentes de los fondos de la Unión Europea destinados a la Recuperación de la pandemia provocada por el Covid-19.
En total, estos Presupuestos prevén un desembolso de las arcas públicas de 456.000 millones de euros, con partidas que han crecido exponencialmente como la de Servicios Sociales -un 70% más-, Infraestructuras y Ecosistemas Resilentes -un 114% más-, Industria y Energía -un 103,8% más-, Sanidad -con un aumento del 151,4% más- y, Desempleo -con un 20% más-.
Después del gasto en pensiones, la mayor de todas las partidas, con 163.000 millones directos a los 10 millones de pensionistas, se cuenta también la deuda pública con la que sufragar buena parte de estos gastos y la ronda el 120% del PIB, a falta de nuevas revisiones macroeconómicas.
La tranquilidad de los socios
El Gobierno asume este primer trámite con la tranquilidad de una mayoría más amplia que la de la investidura de Pedro Sánchez, ya que, Ciudadanos ha adelantado su voto positivo, a la espera de que en la siguiente fase, el PSOE elija entre ellos y ERC, y por tanto elimine, entre otros puntos, la enmienda al castellano en Cataluña como proponen instaurar los republicanos catalanes.
El debate de totalidad de los Presupuestos de 2021 arrancará a las 12 del mediodía del miércoles con la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo el proyecto del Gobierno de coalición. A continuación, Montero debatirá con los ocho partidos que han presentado enmiendas a la totalidad, y más tarde escuchará la posición del resto de grupos.
La votación, no obstante, será ya el jueves, 12 de noviembre, un trámite en el que el Gobierno no necesita mayorías cualificadas y le basta con sumar votos suficientes para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas.
El PSOE y Unidas Podemos, con sus 155 diputados, ya suman más votos que los partidarios de devolver los Presupuestos al Gobierno (151), pero es que además para esta votación cuenta con la complicidad de las demás formaciones, favorables a continuar la tramitación del proyecto para negociar su contenido. En este caso, el Gobierno encontrará el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe, Esquerra Republicana y EH-Bildu, sumándose ahora a esta ecuación Ciudadanos, cuatro diputados del PDeCat y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).
Ayudas a los autónomos
El PP trabaja ya en enmiendas parciales como establecer una ayuda de 2.400 millones de euros para los autónomos, de modo que quienes cierren como consecuencia de esta segunda oleada no paguen las cotizaciones sociales ni impuestos, al menos hasta el 9 de mayo de 2021.
Según los cálculos del PP, ese dinero puede salir en parte del ahorro del capítulo II de gastos corrientes en bienes y servicios de los ministerios. Los populares han comparado los gastos consolidados en 2018 y lo presupuestado para 2021. Y la diferencia de gasto entre uno (8.164 millones), y otro (9.921 millones), es de 1.757 millones de euros. La propuesta fue bien acogida por ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Presión contra el impuesto al azúcar
Este martes, los diputados del PP, Cristina Marcos, Guillermo Mariscal y Mario Garcés se reunieron con asociaciones del sector agroalimentario, con quienes ha firmado un manifiesto contra el 'impuesto sobre bebidas azucaradas'. La intención de los 'populares' es presentar una enmienda parcial a los Presupuestos, enmienda que pretende eliminar "el injusto e ideológico impuesto a las bebidas azucaradas", defendió Marcos. En opinión de la diputada, este "no es el momento de gravar impuestos ni perjudicar a los consumidores", máxime -añadió-, cuando "la propia Organización Mundial de la Salud determina que el 10% de las calorías de la ingesta diaria deben venir de productos azucarados, y la media en España está en el 7,3%".
