La subida del IVA de 10 al 21% provocará la destrucción de entre 1.980 y 6.165 empleos, según un informe realizado por encargo de la industria alimentaria por PwC. La consultora asegura que el incremento de la presión fiscal provocará una caída de las ventas, fundamentalmente en el canal de la distribución, de entre 119 y 370 millones de euros. Esto implicaría una reducción del Valor Añadido Bruto (VAB) total de entre 110 y 334 millones de euros. Anna Merino, directora de Estrategia de PwC, asegura que habrá "una pérdida de valor para toda la cadena agroalimentaria", que afectará fundamentalmente al sector agrario y la industria agroalimentaria.
Todo ello es un momento especialmente delicado en el que se prevé el cierre de 850 empresas en la industria alimentaria y de 90.000 establecimientos de hostelería ante la segunda oleada del coronavirus.
Los hogares con el nivel socioecónomico más bajo, cerca de 4,7 millones, suponen el 17% de la renta nacional pero acabarían soportando el 22% de la recaudación del impuesto y, según PwC, "afectaría al entorno rural y los municipios más pequeños, actualmente en riesgo de despoblación y con graves problemas de empleabilidad".
Como solución al aumento de las cifras de sobrepeso y obesidad, muchos gobiernos han recurrido a políticas fiscales para tratar de cambiar hábitos de alimentación en sus ciudadanos. "Dado que el objetivo último es una memora de los hábitos alimentarios, y en consecuencia, una reducción de la prevalencia de obesidad, la eficiencia de cualquier medida fiscal debe medirse sobre su capacidad real para lograr este fin, y no a través de la mera reducción del consumo del producto", según ha explicado Anna Merino.
Según ha explicado, "la evidencia empírica y la experiencia de países como Francia o México han mostrado que la capacidad de las medidas fiscales para mejorar la salud o reducir el peso corporal en las cifras de obesidad es limitada o no concluyente". Eso al margen de Dinamarca o Eslovenia, que han acabo por retirar tasas similares ante su ineficacia.
Recomendaciones de la OMS
De hecho, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) para que hubiera un impacto real tendría que haber como mínimo un incremento del precio del 20%. Merino ha propuesto, en este sentido, un enfoque multisectorial para hacer frente a la obesidad, con prescripción de la actividad física desde los centros de atención primaria, el fomento de educación alimentaria en los colegios, el impulso de infraestructura deportivas o la conciliación familiar y la promoción saludable entre los trabajadores.
Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) y José María Bonmatí, director general de la organización de fabricantes y distribuidores Aecoc, han criticado ante todo estos datos la subida fiscal, asegurando que "tiene un carácter únicamente recaudatorio". Ambos han coincidido en que se trata de "un impuesto injusto, discriminatorio y regresivo que llega en el peor momento posible". La industria coincide en que el incremento de la fiscalidad, como apunta el informe de PwC, no servirá para reducir la obesidad y castigará, en cambio, a las rentas más bajas.
Sin base científica
Paula Nevado, secretaria general de la patronal Marcas de Restauración, la patronal que agrupa a las grandes cadenas de restaurantes, ha reclamado por su parte al Gobierno que abra una línea de diálogo y negociación "con criterios y base científica".
Josep Puxeu, director general de la patronal de la industria de los refrescos, Anfabra, asegura que tras la aprobación del impuesto a los refrescos en la hostelería en Cataluña "el efecto sobre el consumo y la recaudación ha sido nulo", insistiendo en que, frente a lo que defiende Hacienda, tendrá una repercusión en los precios en la hostelería y castigará aún más al sector. Puxeu ha criticado que se castigue, sin ningún tipo de base científica, tanto a las bebidas azucaradas como a las que usan edulcorantes.
