Madrid
El ministro de Sanidad Salvador Illa impuso este viernes nuevamente su criterio sobre las medidas para combatir la pandemia del Covid-19, sin ni siquiera haber escuchado la propuesta de la Comunidad de Madrid.
La presidenta, Isabel Díaz Ayuso llamó a Sánchez para pedirle un poco más tiempo para explicarle el proyecto y, Sánchez, según revelaron fuentes de la propia Comunidad, le dijo que si aceptaba el estado de alarma, a lo que ésta le respondió que no, que era mucho más eficaz un plan basado en las zonas sanitarias, como el que había impuesto su Ejecutivo en la Comunidad de Madrid.
Esa misma mañana, la portavoz del Principado, Melania Álvarez, había pedido al Gobierno de Sánchez "actuar con contundencia" en el caso de no alcanzarse un acuerdo con el gobierno madrileño. Para Álvarez, lo "idóneo hubiera sido el entendimiento entre ambas administraciones, pero de no ser posible, ya no caben más aplazamientos ni titubeos, porque es esencial "redoblar los esfuerzos" para afrontar la segunda ola de la pandemia".
Los ataques también llegaron desde la filas municipales socialistas. Así, el presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, le espetaba a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que "aunque consensúe con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, estrategias sanitarias ante el Covid faltan 178 municipios más".
Apoyo a la presidenta
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, justificó la declaración del estado de alarma "dado que llevaban semanas oponiéndose a tomar medidas". Pablo Casado, líder del PP, calificó la medida como un "ataque del Gobierno de Pedro Sánchez contra el Ejecutivo regional".
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, señaló este viernes que "lo cierto y verdad es que todos los ciudadanos están perplejos" de que "se utilice políticamente y se modifique un acuerdo adoptado".
Enrique López, consejero de Justicia de la CAM, aseguró que "el estado de alarma es un atropello constitucional contra la Comunidad y un ataque a los madrileños".
Las divergencias políticas quedaron claras cuando diversos Ejecutivos autonómicos liderados por el PSOE cerraron filas en torno al Gobierno de Sánchez y avalaron la declaración del estado de alarma en los nueve municipios madrileños, mientras que los gabinetes regionales presididos por el Partido Popular respaldaban a Díaz Ayuso, al considerar que es la que tenía razón, tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Finalmente, el Gobierno decretaba este viernes a mediodía el Estado de Alarma para Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, con un cruce grueso de acusaciones con el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.
La bronca por las nuevas medidas coincidió con la adopción por los Veintisiete del nuevo semáforo de colores para identificar los diferentes niveles de riesgo por el coronavirus en las regiones de la Unión Europea (UE). España es el único país con todo su territorio marcado en rojo, lo que representa que es zona de riesgo elevado para quienes vengan desde fuera.
El plan madrileño
A primera hora de la mañana de este viernes, el consejero de Sanidad de la Comunidad presentaba una propuesta que buscaba restringir, a través de una orden, la movilidad en 51 zonas básicas de salud y bajaba los criterios de 1.000 contagios de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes a 750. Fue en esa rueda de prensa cuando se enteró de que el Consejo de Ministros extraordinario convocado por Sánchez había aprobado el estado de alarma y rechazado su plan. Escudero repitió que "la Comunidad tiene un plan contra el coronavirus y este plan, con la máxima humildad y prudencia, es un plan que está funcionando" y aseguró que seguirán trabajando para que el Gobierno levante las medidas cuanto antes.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acusó en su rueda de prensa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "cruzarse de brazos" y de "no hacer nada" para frenar el avance del coronavirus en su territorio, justificando así la decisión del Gobierno de declarar el estado de alarma en esta comunidad. "La paciencia tiene un límite", aseguró.
Illa recordó que el jueves Díaz Ayuso solicitó más tiempo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acordar las medidas a aplicar en la Comunidad de Madrid, pero ha lamentado que la mandataria "ha decidido no hacer nada".
El ministro recalcaba que "en esta región hay unos niveles de contagio muy altos, hay transmisión comunitaria y riesgos de que el sistema sanitario se desborde, y eso que, ha constatado, sin haber llegado el invierno".
Despliegue policial
Finalmente, el Decreto Ley por el que se declara el estado de alarma se publicaba en el BOE a las 16:48 horas y las Fuerzas del Orden comenzaron a las 15 horas a situar controles para impedir que los madrileños se marcharan de puente, lo que generó algunos atascos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que más de 7.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se desplegarían "de inmediato" en carreteras y principales infraestructuras de transportes públicos para controlar las restricciones de movilidad del real decreto del estado de alarma en la Comunidad de Madrid.
Muchos madrileños se habían marchado ya el jueves y el viernes, por la mañana antes de los controles, tanto por carretera como por tren y avión para pasar el puente fuera de la Comunidad.
Celaá viaja a Bilbao
Las redes sociales , mientras tanto, se pusieron al rojo vivo con unas fotografías de la ministra Isabel Celaá en un vuelo de Air Europa Madrid-Bilbao solo unas horas antes de la entrada en vigor del estado de alarma y de activarse, por tanto, la prohibición de salir.
No obstante, Renfe anunció que los viajeros de tren que habían comprado un billete para salir de Madrid habían anulado 52.005 billetes desde que el sábado 3 de octubre entraran en vigor las restricciones en la capital. Los empresarios hoteleros andaluces estimaban que las reservas en los alojamientos del litoral son "muy residuales".
Un texto con resquicios constitucionales
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Vera, considera que "el Gobierno de España goza de competencia indubitable para declarar el estado de alarma si se trata de limitar derechos fundamentales, como parece que es el caso. En el caso de suspender alguno de esos derechos y libertades establecidos en la Ley orgánica 4/1981, debe acudir a la declaración del estado de excepción, previo acuerdo del Congreso de los Diputados, algo que no hizo en marzo pasado de una forma absolutamente indebida".
Además, advierte de que "en ningún caso el Gobierno necesita la solicitud de ninguna comunidad autónoma, provincia o municipio para decidirlo. Sí parece aconsejable que, debido a la transferencia de las competencias de salud a las regiones, el Gobierno se coordine con las mismas. Lo contrario conlleva situaciones tan increíbles como las vividas en Madrid".
Y, finalmente, considera que "no es procedente declarar un estado de alarma para cada región sino que debería declararse uno con criterios de general aplicación a nivel nacional. No se trata de declarar el estado de alarma en Madrid y no en Castilla-La Mancha si las circunstancias son similares. Tampoco de ir declarando sucesivos estados de alarma "a la carta territorial". Además de poc0 serio desde la óptica jurídica, resultaría poco operativo en la práctica".
Carlos Lacaci, socio director de Lacaci Abogados, estima que "en muchas ocasiones los políticos dan todo menos seguridad jurídica. Con la ley en la mano, en la Constitución está previsto que se faculte al Gobierno a decretar medidas excepcionales en virtud del artículo 116 CE y la ley que regula los estados de alarma, excepción o sitio. Y dentro del estado de alarma sí que está previsto el encaje de esas medidas para una autonomía o territorio. La decisión no requiere de autorización previa de las Cortes, pero ésta sí se va a necesitar si hay que activar prórrogas más allá de 15 días.
Y critica que "el 'pero' es la motivación del decreto. ¿Por qué no se decretan medidas en función del número de contagios? Ahora se dan desigualdades en el trato de una CCAA frente a otra (ej. Navarra/Madrid... nivel de contagios...). Las medidas tienen encaje legal, pero pueden quedarse cojas, en evidencia, ante un recurso. Puede acabar en un recurso de inconstitucionalidad por quebrar la igualdad ante la ley".
Finalmente, explica que "una vez entrado en vigor en el BOE, tiene plena vigencia, pero si hace un recurso la Comunidad de Madrid vendrá nueva inseguridad jurídica, a merced además de si piden cautelares o cautelarísimas. Y si finalmente se tumba, abrirá reclamaciones patrimoniales por lucro cesante".
