Nuevo encontronazo en el Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se inclina por rechazar un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas tal y como ha propuesto el titular de Consumo, Alberto Garzón. Aunque desde Podemos se lleva defendiendo desde hace tiempo la necesidad de incrementar la presión fiscal sobre los refrescos y lo que en el partido morado denominan "comida basura", parece complicado que vaya a salir adelante.
De acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, Hacienda considera "muy complicado fijar nuevos impuestos que puedan perjudicar a la hostelería", ya de por si muy dañada por la grave crisis económica causada por el coronavirus y con una caída de las ventas que, según estima el sector, podría llegar hasta el 70% del negocio, con más de 100.000 establecimientos al borde de la quiebra.
El ministro de Consumo avanzó ya el pasado día 1 que su departamento sigue estudiando aumentar la fiscalidad de las bebidas azucaradas para atajar, según dijo, la obesidad infantil y mejorar la calidad nutricional de la población, aunque, eso sí, admitió que su puesta en marcha está vinculada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Hasta ahora, el único impuesto que se ha aprobado para gravar las bebidas azucaradas ha sido el de la Generalitat de Cataluña, que se puso en marcha en 2017.
En una entrevista en RNE, Garzón indicó que según el estudio 'Aladino 2019', la obesidad infantil afecta al 23% de las familias con rentas más bajas y a apenas al 11% en aquellas con más recursos.
Reclasificación del IVA
Descartado, no obstante, un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, lo sí que parece es que podria producirse una reclasificación de los tipos de IVA. Así, los productos que tienen un tipo superreducido, al 4%, como la leche, los huevos o el pan, pasarían a pagar el 10%. Hacienda está dipuesta a ello, pero no en este momento, en el que podría hundir más el consumo y castigar, además, a las rentas más bajas.
El objetivo en este caso es esperar a que se inicie una recuperación sostenida y estudiar entonces las necesidades de recaudación en el momento preciso para ponerlo o no en marcha. En la misma línea también, todo indica que el resto de alimentos, que soportan un tipo del 10%, se mantengan igual y no pasen a tributar al 21%.
La evaluación de incentivos fiscales presentes en España arrojó ya una crítica de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la eficiencia de los tipos de IVA reducido y superreducido en nuestro país, ya que según el organismo auditor estos benefician principalmente a las rentas más altas y no logran el objetivo de facilitar el acceso a ciertos productos para las personas con menos ingresos. Por ello, instó al Ejecutivo a revisar este sistema y compensarlo para que no sea una fuente de incremento de la desigualdad.
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