UGT ha denunciado que algunas de las citas concedidas a los solicitantes del ingreso mínimo vital (IMV) para formalizar de forma presencial su petición tienen fecha después del 15 de septiembre, con lo que quedarían fuera del periodo de carencia que garantiza el cobro retroactivo desde el 1 de junio.
"En muchos ayuntamientos se estaban dando citas para tramitar la solicitud en octubre", lamenta el sindicato en una circular remitida a su organización por lo que reclama una solución para este colectivo. Esta circular explica a la organización que el sindicato pondrá en marcha -previsiblemente el próximo 1 de septiembre- un servicio de reclamación ante la Seguridad Social para quienes hayan solicitado el ingreso mínimo y no tengan respuesta, que estará disponible en su página web.
UGT explica que ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha urgente del IMV, el desarrollo reglamentario de la prestación, constituir el consejo consultivo del IMV y más medios y efectivos para que la Seguridad Social desarrolle su labor.
El sindicato considera "probable" que, si no se resuelve el "bloqueo" del ingreso mínimo, se convoquen manifestaciones de protesta a partir de septiembre e insta a trabajar con las comunidades autónomas para que los fondos de las rentas territoriales, ahora aglutinadas en el IMV, "no se pierdan".
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, denunció esta semana que no hay constancia de que se esté pagando el ingreso mínimo a los pocos hogares a los que se les ha reconocido su prestación -4.148 de las 714.586 solicitudes registradas hasta el 10 de agosto, según los datos del sindicato-.
Escrivá informa de duplicidades y de un ritmo creciente en la atención de solicitudes
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró el pasado jueves que se ha reconocido la prestación a más de 80.000 hogares, si bien alrededor de 75.000 ya la tenían aprobada de oficio por ser perceptores de rentas regionales. Desde el pasado 15 de junio, la Seguridad Social ha recibido más de 750.000 solicitudes de ingreso mínimo, de las que ha analizado hasta ahora 143.000, 36.800 de ellas con resultado negativo.
Escrivá ha justificado que muchas de las solicitudes están duplicadas o no incluyen toda la documentación y que un porcentaje "significativo" de los solicitantes supera los umbrales de renta. Asimismo, ha defendido que el ritmo de resolución de los expedientes se está acelerando y que todas los hogares con derecho a prestación la recibirán con efecto retroactivo.
