La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha elaborado un documento con propuestas para regular el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) en el que plantea que la duración del mismo no sea nunca inferior a un año, sin contar sus posibles prórrogas.
Para el sector AGE de la FeSP-UGT, la mejor manera de garantizar que el teletrabajo sea una forma de organización positiva, eficaz y estructural para los funcionarios es regular este derecho a través de la negociación colectiva. En su opinión, deben ponerse en práctica todas las medidas y protocolos necesarios para respetar los derechos de los trabajadores y evitar su posible aislamiento y desvinculación con la Administración y el resto de compañeros.
"La consolidación estructural del teletrabajo, como forma de organización de la jornada laboral, no puede improvisarse ni imponerse, sino que debe planificarse bajo la vigilancia sindical, al amparo de acuerdos bilaterales de carácter colectivo, dotándole de las infraestructuras necesarias, de una organización de las tareas y actividades y un desempeño laboral basado en objetivos predefinidos, razonables y alcanzables", subraya el sindicato.
UGT entiende que el teletrabajo es un derecho de los empleados públicos de la AGE, que exige elaborar y aplicar un plan de trabajo, previa negociación y acuerdo con los representantes de los trabajadores. El sindicato aboga por minimizar el impacto del teletrabajo en la mujer; desarrollar un procedimiento con las condiciones y requisitos del acceso a esta modalidad, y fijar la jornada, con un mínimo y un máximo de tiempo, no inferior a una jornada completa y no superior a cuatro días.
También apuesta por que la regulación que se haga del teletrabajo en la AGE refleje el lugar donde se desarrollará la actividad y por que la Administración asuma la disposición y el mantenimiento de los equipos informáticos, conexión y demás material necesario, y de lo contrario, compensarlo.
El sindicato considera que la regulación debe contemplar también expresamente el derecho a la desconexión digital; medidas específicas para la prevención de riesgos laborales, y medidas para garantizar el respeto a la intimidad.
Los funcionarios del Estado que trabajan de forma presencial superan en más del doble a los que lo hacen a distancia
Un total de 116.786 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) ya se encuentran trabajando de forma presencial, frente a 53.833 personas que lo hacen a distancia, según los datos a 3 de julio publicados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Según informó el Ministerio en un comunicado, el 65,01% de los efectivos de la AGE trabaja de forma presencial, y un 29,96% lo hace de forma no presencial, mientras que 1.007 empleados (el 0,56%) se encuentra en aislamiento por covid-19. Los trabajadores aislados son hoy una sexta parte de los que se encontraban en la misma situación a principios de abril, cuando se alcanzó el pico de 6.203. El resto del personal se encuadra en otras situaciones como bajas, permisos, etc.
Al comienzo del estado de alarma, el trabajo presencial en la AGE sólo representaba un tercio del no presencial (26.453 frente a 73.788 trabajadores). La modalidad presencial fue aumentando progresivamente hasta equilibrarse al final del estado de alarma con la no presencial. Al entrar en la 'nueva normalidad', el trabajo presencial vuelve a ser el prioritario, representando ya más del doble que el no presencial y con tendencia a seguir aumentando.
