El ingreso mínimo vital, la nueva ayuda aprobada recientemente por el Gobierno como red de protección final para los hogares más vulnerables, será objeto de análisis y evaluación por parte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con periodicidad anual y por parte de organismos intencionales independientes, además del examen que podrán llevar a cabo las comunidades autónomas en su ejercicio de gestión de la prestación. Además, tal y como aseguró el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria del ramo, de estos análisis y evaluaciones se desprenderá el nivel de eficacia de la medida para lograr los objetivos impuestos con su aprobación y "será modificado" si se demuestra eficaz.
De este modo, el ministro deja la puerta abierta a futuras modificaciones sobre la configuración de la ayuda "si no se cumplen dos objetivos": por un lado saber si se ha llegado a los hogares que realmente necesitan la ayuda para subsistir, que el Gobierno cifra en 850.000 familias con 2,3 millones de beneficiarios (de los que un tercio serán menores de edad) y por otro lado que se logre el objetivo de la inclusión de estos beneficiarios en el mercado laboral y poder dejar se percibir el subsidio cumplida la transición. "Es una ley que intenta cumplir dos objetivos muy necesarios: redistribuir renta por un lado -somos el punto de mira de los organismos internacionales- para erradicar la pobreza extrema poniendo énfasis en los hogares mas vulnerables; y por otro lado está la trampa de la pobreza -no somos capaces de incluirlos en la sociedad de manera plena -esto se ha abordado para que sea un conjunto de políticas alrededor de la prestación para que se integre en el mercado de trabajo-", explicaba Escrivá.
Escrivá explicó además que el Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas para que los beneficiarios de las rentas mínimas de los distintos territorios puedan recibir también de oficio, es decir, sin necesidad de solicitarlo, el ingreso mínimo vital, al igual que lo recibirán los 76.000 hogares identificados por el Ejecutivo (unas 260.000 personas, la mitad de ellas, niños) que recibirán de oficio el ingreso mínimo vital este mismo mes de junio.
"Estamos trabajando con las comunidades autónomas para que podamos recibir en bloque todos sus beneficiarios de rentas mínimas ya existentes, comprobemos si se dan las condiciones y poder hacer también un reconocimiento de oficio", explicó el ministro Escrivá avanzado que ya han identificado a 76.000 hogares (unas 260.000 personas, la mitad de ellas, niños) que "inequívocamente" cumplen los requisitos para recibir la prestación y a los que, por tanto, se les va a dar de oficio, es decir, sin que lo soliciten previamente.
Por otro lado, Escrivá ha anunciado que están cerca de firmar un convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que les permita trabajar con los ayuntamientos, para que el ingreso mínimo llegue a todo el mundo, de forma que "los gastos presupuestarios en los que incurran para reforzar sus capacidades administrativas con este fin, estarán eximidos de la regla de gasto que les ha constreñido durante estos años".
Además, en relación a la colaboración con el Tercer Sector, el ministro ha precisado que las ONG, que están muy cerca de las personas más vulnerables que pueden ser beneficiarios de esta prestación, "podrán ayudarles a hacer la declaración e incluso ser sus representantes a través de los canales que se han establecido" para solicitarla.
"Ineficacia" de las autonomías
Además, el ministro insistió en la necesidad de andar con pies de plomo en la gestión de la ayuda para evitar que se comentan fraudes a la administración, y en ello basó el ministro su justificación a la centralización del pago del ingreso mínimo en la acción de la Seguridad Social, a pesar de que si se ha transferido al País Vasco y Navarra. Recordó que el Gobierno central cuenta con las bases de "microdatos anonimizados de todos los ciudadanos españoles" por lo que no siempre sería eficiente la cesión de esta gestión a las comunidades autónomas si estas no están preparadas al 100%.
"Podemos ser más eficaces con el gasto en rentas mínimas. Tenemos la ocasión de evaluar lo que se ha hecho en muchos países y CCAA y hemos visto la forma de ser más eficaz. Trabajar con los microdatos diferenciando mucho en tipologías de hogares. Hemos estado trabajando con los datos de Hacienda y Seguridad Social y se ha ajustado la prestación bajo una restricción presupuestaria en función de esos perfiles para aquilatar una ayuda fina y precisa", explicaba el ministro asegurando que en hogares monoparentales se podrá reducir el 90% de las situaciones de pobreza, en hogares con hijos el 80% y el 70% en hogares sin menores a cargo.
Apuntaba en este sentido el ministro que la vía telemática ha tenido 20 millones de visitas en una semana, lo que ha "superado las expectativas". "Es necesaria toda la capacidad telemática de la administración, la pensión de jubilación se reconoce en 15 días y en 23 está pagada. Pero no es así en todas las ayudas, las no contributivas que son competencia de las CCAA tienen un periodo medio de reconocimiento y prestación de más de 100 días. Nuestra preocupación es ser eficaces llegando a todo el mundo y haciéndolo rápido", explicó el ministro.
