La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que el ingreso mínimo vital (IMV) aprobado por el Gobierno hace una semana tiene margen de mejora antes de su tramitación parlamentaria. Entre las problemáticas que encuentra, destaca el rechazo a que se ligue la cuantía de la prestación a los ingresos del año anterior.
En su último boletín sobre aspectos económicos de la crisis del covid-19 publicado este viernes, Fedea propone utilizar una referencia más reciente para agilizar el cobro de la ayuda. La fundación alerta de que el planteamiento actual generará un retraso muy considerable en la percepción de la ayuda: "Aquellas personas que entren hoy en una situación de vulnerabilidad tendrán que esperar hasta el año que viene (o incluso el siguiente, dado que lo que se tiene en cuenta son los ingresos totales del ejercicio) antes de poder solicitar la prestación, a lo que habría que añadir hasta tres meses para su tramitación. No parece razonable" dada la naturaleza de la ayuda.
La norma publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) indica como requisito para acceder al ingreso mínimo que el promedio mensual de los ingresos y rentas del año anterior a la solicitud del hogar sea nulo o "inferior a la cuantía mensual de la renta garantizada que corresponda". Sin embargo, para este año hay una excepción: también podrán acceder a ellas quienes en 2020 hayan visto bajar sus rentas en más de un 50%.
En este sentido, la fundación sugiere "convertir en ordinario el procedimiento extraordinario que se habilita en 2020 para agilizar el acceso al IMV en el caso de los afectados por el covid" e invita también al Gobierno a "considerar (con ciertas cautelas) la renta media mensual de los últimos tres o cuatro meses, en vez de la de un año completo", aunque reconocen que este supuesto requeriría de una regularización "a posteriori de los pagos en función de los ingresos totales del año [...] que podría realizarse de oficio con datos de la AEAT o en la declaración anual del IRPF".
Fedea también propone corregir la cuestión de las compatibilidades con salarios. Según su análisis, la norma podría ser un gran incentivo para el "trabajo en negro" porque en la práctica establece -salvo para una minoría- un tipo efectivo de gravamen del 100% sobre otras rentas que obtengan los beneficiarios, reduciendo el IMV en la misma cuantía en la que aumenten otros ingresos declarados. Para Fedea, esto deja a los posibles beneficiarios "sin incentivos económicos para buscar un trabajo o trabajar más tiempo, salvo que sea 'en negro'".
¿Qué solución proponen? Reducir el tipo marginal de gravamen sobre las rentas de la actividad económica declaradas que logren los beneficiarios, convirtiendo a la renta mínima en un complemento salarial o impuesto negativo. "Por cada euro de ingresos propios adicionales que obtenga un beneficiario de la ayuda, la prestación debería reducirse en menor proporción, de forma que su renta neta total aumente si eleva sus ingresos declarados" sugieren desde la fundación.
Finalmente, Fedea advierte de que, tal y como está planteada la prestación, no se resuelve satisfactoriamente la "complicada cuestión de la coordinación con las CCAA" y critican la falta de coordinación con las regiones de los cambios normativos necesarios para adaptar las ayudas autonómicas a la introducción del ingreso mínimo.
"Si como parece previsible y lógico este camino termina en una cesión generalizada de la gestión del IMV a las comunidades autónomas, sería preferible tomar esa vía directamente, mediante la cofinanciación parcial de las ayudas autonómicas a cambio de la adopción de requisitos mínimos de cobertura y cuantía para tales prestaciones en todo el país", concluyen.
A pesar de estas críticas, Fedea ha querido reconocer que esta medida, "aunque con un retraso considerable", colma la principal laguna que persistía en las medidas adoptadas para proteger a los hogares de los efectos de la pandemia.
