El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, advierte al Gobierno de Pedro Sánchez a través una nota que el ingreso mínimo vital aprobado este viernes para 2,3 millones de ciudadanos de nuestro país solo servirá para paliar la mitad de las situaciones de pobreza que se vive en España. Apunta así a que la ayuda para los 850.000 hogares que percibirán la prestación no cumplirá del todo con el objetivo para el cual se articuló de eliminar las abultadas bolsas de pobreza en nuestro país, sobre todo en menores de edad. Mientras que el Gobierno asegura que con la ayuda se logrará reducir un 80% de la pobreza extrema en España.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman en este sentido que los 3.000 millones de euros que costará la implantación del ingreso mínimo vital aportarán el 46,8% del importe total necesario para que en España cuatro millones de personas salgan de una situación de pobreza extrema, después de que el Gobierno haya aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario esta ayuda destinada a ayudar a las 850.000 familias más vulnerables.
Celebran, pese al aviso de que la ayuda se queda corta, que se hayan dado los primeros pasos y se haya cambiado el enfoque sobre la problemática de la exclusión social. De este modo, los técnicos de Hacienda valoran positivamente la implantación del ingreso mínimo "como un primer paso", y sostienen que las comunidades autónomas tendrán que reordenar las rentas mínimas de inserción y las ayudas de asistencia social que conceden a personas vulnerables para complementar la nueva prestación y alcanzar los 6.405 millones que cifran como necesarios centenares de ONG y otras entidades sin fines lucrativos que integran las Plataformas por la Justicia Fiscal de España, entre las que también se incluye Gestha.
El papel clave de las CCAA
Así, los técnicos señalan que las comunidades autónomas podrán reordenar las rentas mínimas de inserción u otras ayudas de asistencia social que conceden a personas vulnerables para complementar este novedoso instrumento para salir de la pobreza extrema. Cabe recordar que el diseño de la ayuda articulado por el ministro de Inclusión, Seguirdad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está pensado para que haya un mismo suelo en todo el territorio nacional y que, gracias la compatibilidad con otras prestaciones, sean las regiones las que apuntalen estos sistemas con complementos en función de cada caso. Tal y como publicó este periódico la operativa de sustituir los esfuerzos autonómicos en estos programas de rentas mínimas por la acción del Estado brindará a las comunidades autónomas un ahorro en estas partidas de 1.500 millones de euros al año. Remanente de donde deberían salir los complementos al ingreso mínimo vital.
En este contexto, Gestha lamenta que España ocupara en 2018 un penoso sexto lugar en el ranking de la pobreza extrema en la Unión Europea. Una situación delimitada por ingresos inferiores al 40% de la renta mediana, con menos de los 5.014 euros al año que define el umbral de pobreza severa de los hogares en España de una sola persona. Además, los técnicos temen que en España aumenten significativamente las personas que viven en situación de pobreza severa como consecuencia del coronavirus, después de que el número se haya ido reduciendo desde el máximo alcanzado en 2015.
Un punto que ha tratado de salvar el Ejecutivo con la excepción para los afectados por la pandemia de que puedan acceder al ingreso mínimo vital justificando una entrada de dinero en el núcleo familiar durante los meses que van de año inferior a la que se fija para la prestación. Así, podrían acceder quienes hayan experimentado una caída de los ingresos de forma súbita en las últimas semanas. Cabe recordar que se han establecido diferentes umbrales de renta para 12 tipos distintos de hogar y límites de patrimonio de entre 16.000 euros y 43.000 euros según el número de personas que habiten el hogar.
¿Qué ayudas sí computan para la renta mínima?
Los técnicos aclaran que para el cómputo de los ingresos para percibir el ingreso mínimo vital no se restarán las becas, las ayudas por vivienda o de emergencia, los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción u otras ayudas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas. Y que tampoco se computarán las prestaciones por el VIH, las pensiones como consecuencia de la Guerra Civil, las indemnizaciones por daños personales, las prestaciones por acogimiento de personas con discapacidad y las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.
En cambio, agregan que restarán del ingreso mínimo las prestaciones por actos de terrorismo, las indemnizaciones por despido, las anualidades por alimentos (que deberán ser exigidas en caso de impago), las prestaciones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente de clases pasivas, las prestaciones por maternidad o paternidad, y las indemnizaciones para compensar la privación de libertad, entre otras.
