Madrid
El coronavirus Sars-Cov-2 no sólo ha puesto a prueba la resistencia de los españoles, también la del Gobierno del PSOE y Podemos. La gestión de económica de la crisis vírica enfrenta la gestión económica querida por la formación morada y la buscada por el ala socialista.
No sólo han chocado ambos polos de la coalición en la prórroga de los ERTEs, que finalmente decidirá la Comisión que decide la vicepresidenta Nadia Calviño y no la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. También discrepan en materia impositiva, donde el discurso populista de Podemos propugna subidas a las grandes fortunas, frente a otros tributos que aboga por tocar la facción socialista del Gobierno, como el de Sociedades. También discrepan en materia de alquileres, donde Podemos busca una intervención que no aplica el PSOE. En las nacionalizaciones, el discurso es abiertamente distinto: frente a la voluntad de aplicarlas de Podemos, el PSOE mantiene una postura ortodoxa. Y, finalmente, en el ámbito europeo, la formación morada aboga por una panoplia de subsidios y rentas mínimas que significan alegría de gasto al margen del Presupuesto de la que tendrá que abjurar el PSOE si finalmente la UE interviene España y ordena aplicar recortes.
Negociación de los Erte
Lo que en principio no debería haber tenido mucha complicación, la renovación de los Ertes que tan buen resultado han dado durante el confinamiento evitando el despido de cientos de miles, o millones de trabajadores, se ha acabado atragantando al Gobierno. Una negociación que ha corrido a cargo de uno de los más destacados miembros podemitas del Gobierno, la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. Algunos comentarios de la ministra causaron gran enfado entre los empresarios, que calificaron de "insultantes" al entender que de cierta manera criminalizaban a la empresa acusándola de tener como objetivo despedir o defraudar por las ayudas obtenidas.
Algunas medidas -el mantenimiento de todos los puestos de trabaja durante seis meses en empresas con Erte; impedir el reparto de dividendos durante dos años; no poder comerciar con empresas con residencia en paraísos fiscales o prohibir los despidos durante el confinamiento- no han sido bien entendidas por los empresarios, salvo que se expliquen dentro de esta actitud beligerante de Díaz contra el empresariado. Ello derivó en que desde CEOE y Cepyme se pidiese la presencia de otros miembros del Gobierno en la negociación de los Ertes. Una petición que se resolvió con la creación de una comisión extraordinaria comandada por Nadia Calviño y presidida por su número dos, Ana de la Cueva. La propia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha salido varias veces en defensa del papel de la empresa.
Pero la realidad es que, al margen de las desavenencias entre Díaz y los empresarios, la negociación de los futuros Erte ha estado marcado por las exigencias de Calviño y Montero de acotar el voluminoso coste que supone prorrogarlos más allá del 30 de junio, como finalmente se ha decidido. Díaz ha sido la responsable de trasladar el mensaje de austeridad impuesto por sus compañeras del Consejo de Ministros.
Nacionalizaciones
La negociación de los Ertes no ha sido el único punto de fricción. Las declaraciones, en este caso de Pablo Iglesias, aunque también de otros miembros podemitas del Gobierno, sobre la posibilidad de que algunas empresas puedan ser nacionalizadas han causado igualmente gran revuelo en el mundo empresarial. Ciertamente se ha jugado a la confusión en este tema por parte de Unidas Podemos que ante la base de posibles intervenciones de empresas estratégicas con serios problemas financieros y de supervivencia, han llegado a sugerir un nuevo modelo económico. Y aquí sí que hay una clara raya con un PSOE poco partidario de volver a la época en la que Felipe González tuvo que desmantelar la empresa pública del INI.
La política de alquileres es otro punto constante de fricción entre las visiones económicas socialistas y comunistas. Estos últimos han demandado políticas más intervencionistas como el límite de los precios para evitar problemas de acceso a determinados sectores de la población. El PSOE no es muy propenso a la intervención del mercado, sino a medidas de apoyo a estos colectivos sin tener que establecer precios máximos, también abandonados en los años ochenta y noventa del siglo pasado.
También hay desacuerdos en materia fiscal. Podemos sigue empeñado en crear nuevas figuras impositivas para gravar a los "más ricos", algo que rechazan en el PSOE. Ayer mismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que la "clara vocación" del Ejecutivo es desarrollar durante la legislatura una fiscalidad "justa y progresiva" por la que "los que más tienen, más aporten"", lo que pasa por una revisión de las figuras tributarias existentes, sin necesidad de una nueva figura "expresa", o mediante el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en Sociedades.
Mostraba así su desacuerdo con la pretensión de Unidas Podemos llevar a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas. La ministra insistió en que "lo importante no es el instrumento en sí, sino la voluntad de que aquellos que más tienen puedan aportar más para que el conjunto de la sociedad se pueda beneficiar en la distribución de la riqueza" en beneficio de los servicios públicos, indicó Montero.
Aunque está por ver en qué términos, es más que previsible que una vez pasado el mazazo presupuestario de las medidas adoptadas para embridar la pandemia, Bruselas exija disciplina presupuestaria y contención en los gastos. Hoy la Comisión Europea entiende que se disparen el déficit y la deuda, pero no que se puedan relajar por mucho tiempo. El PSOE, con experiencia de Gobierno en anteriores crisis ha demostrado que no le tiembla el pulso en tomar ciertas medidas, pero el ADN de Podemos rechaza los recortes más o menos sociales. Ahí sí saltarán las chispas.
Dos gobiernos en uno
Durante la negociación entre los dos partidos de izquierdas para formar Gobierno, Pedro Sánchez reiteró que el Gobierno es un órgano colegiado bajo su batuta y que solo el presidente tiene la potestad de elegir a sus ministros. Insistió, por tanto, que un Ejecutivo de coalición sigue siendo un solo Gobierno y no dos en uno que toman sus propias decisiones en función del resparto pactado de las carteras. Sobre el papel, Sánchez tiene razón, pues las leyes no las deciden los ministros, sino que se aprueban de forma colegiada en el Consejo de Ministros. Pero el qué hacer de los ministros ha sido diferente en función de sus camisetas -morada o roja-, por mucho que se empeñen ministros, vicepresidentes y presidente en negar disensiones internas. El caso más sonado ha girado en torno a la la renta vital: la propia ministra portavoz tuvo que aclarar en público que correspondía a José Luis Escrivá, titular de la Seguridad Social, y no al vicepresidente Pablo Iglesias, que intentó barrerla para su Departamento.
