Los dos meses transcurridos desde que comenzó la actual crisis presentan una constante: el choque de PSOE y Podemos en el terreno económico. La tensión comenzó cuando el partido morado quiso servirse del estado de alarma, cuando apenas llevaba unas horas en vigor, como coartada para acometer nacionalizaciones de eléctricas y medios de comunicación.
La indignación de la vicepresidenta Calviño atajó esa iniciativa. Más recientemente, la intervención de Calviño también fue necesaria para encauzar la recién culminada negociación sobre la prórroga de los Ertes de fuerza mayor. Se trató de una nueva rectificación a Podemos, dado que el liderazgo del proceso correspondía a la ministra Yolanda Díaz, pero la radicalidad de sus posiciones hacia las empresas la inhabilitó para este cometido. Entre estos dos hitos, los choques se produjeron también fricciones en el ámbito de los alquileres, debido a las pretensiones de Pablo Iglesias de imponer moratorias generales en este mercado, y también en el ámbito fiscal. La posición del vicepresidente alcanza ya su nivel más perjudicial al convertirse en el gran impulsor del gasto público (con medidas como la renta mínima) mientras impide cualquier tipo de recorte de ese desembolso. Su empecinamiento aboca a España a un rescate europeo, ante los niveles históricos que alcanzan el déficit y la deuda públicos. Queda ya demostrado con toda claridad que el extremismo de Podemos imposibilita que sea copartícipe de una política económica sostenible.
El extremismo de Podemos hace imposibles medidas ya ineludibles como el recorte del gasto de las Administraciones
El presidente Sánchez no puede seguir transigiendo con las presiones de un socio de tan escasa fiabilidad, en un momento en el que la economía española se enfrenta a un reto sin precedente.
