Uno de los principales problemas surgidos por la gran proliferación de ERTEs a raíz de la crisis del coronavirus ha sido la avalancha de peticiones de prestaciones por desempleo que han llegado a colapsar la web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que ha provocado que muchas personas no llegasen a cobrar a tiempo el dinero.
Si se encuentra en esta situación, el ciudadano puede pasar al ataque en vez de esperar al devenir de los acontecimientos. Así lo explica Lucía Gómez Barba, del despacho Sanahuja Miranda, que fija como primer paso mandar una comunicación a la empresa informando del retraso en el pago de la prestación.
Una vez dejado el aviso, el siguiente paso es presentar una reclamación administrativa, y en este punto se dan dos posibles circunstancias: que el pago de la prestación no se haya realizado o que el SEPE haya rechazado o abonado una cantidad con la que se esté disconforme.
En el primer caso, se puede presentar una reclamación patrimonial al SEPE vía telemática o por correo certificado (si se permite el acceso a las oficinas sería una opción extra) desde el día siguiente al que el trabajador tiene derecho a cobrar la prestación.
La Administración tiene hasta seis meses para contestar. Si la respuesta no llega en ese periodo se entenderá como silencio administrativo, y esto abre paso a la vía de la demanda judicial. También si hay resolución del SEPE y es negativa: el ciudadano tiene dos meses desde que se dicta para poder ejecutarla.
Cuando la prestación ha sido rechazada o recibida con una cantidad inadecuada, el trabajador tiene 45 días hábiles para hacer una reclamación al propio SEPE. En caso de no recibir respuesta o que esta sea desfavorable, tiene otros 30 días hábiles para presentar una demanda en los Juzgados de lo Social. En este punto cabe señalar una cosa: se puede acudir sin abogado ni procurador en primera instancia, aunque, insisten en Sanahuja Miranda, no es recomendable.
Antes las quejas surgidas, el Ministerio de Trabajo ha llegado a un acuerdo con los bancos para que adelanen el pago de las prestaciones una vez estén reconocidas por el SEPE. El pacto, hecho oficial este jueves, es de tres meses (aunque prorrogable) e incluye tipos de interés cero y la prohibición de aplicar comisiones.
Después de más de mes y medio de Estado de Alarma, en el que el Gobierno instó a las empresas (y luego se les prohibió en un nuevo decreto económico) a no despedir trabajadores y acogerse a ERTEs, más de cinco millones de personas han cobrado ya las prestaciones por desempleo.
