El baile de cifras en torno a las posibles cuantías del ingreso mínimo vital anunciado por el Gobierno para el mes de mayo están protagonizando las quinielas en torno a los detalles de la medida estrella del Ejecutivo en materia social. Sin embargo, todo apunta a que los deseos del vicepresidente Pablo Iglesias, de otorgar una ayuda mensual de hasta 1.200 euros en su versión de la norma se quedará en una prestación que con carácter general será de 500 euros al mes. Es decir, menos de la mitad de los pretendido en primera instancia por el vicepresidente segundo del Gobierno.
De hecho, todo apunta a que esta sería la renta (500 euros) con carácter general ya que buena parte de la cuantía que finalmente se fije, que podría variar en función de la situación familiar de los beneficiarios tendrá que estar coordinada con las ayudas autonómicas ya existentes pero que en ningún caso puede generar una distorsión con los mínimos de remuneración en el mercado laboral ya que una de las premisas de la ayuda que está diseñando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es que se use este ingreso mínimo vital como una ayuda puente para ayudar a las personas en pobreza extrema o en riesgo de exclusión social a incorporarse al mercado de trabajo y adquirir un nivel de poder adquisitivo que le permita abandonar el programa de renta de inserción.
De hecho, una de las bazas que permite el modelo de una renta que sea compatible con otras ayudas de carácter local o autonómico es la de implantar un tramo estatal para todas las autonomías similar y que este pueda ser completado con el resto de prestaciones que estudie cada comunidad autónoma en su caso particular. Sin embargo, esto obligaría a una cuantía media del tramo estatal en virtud de las rentas ya existentes. Es decir, si de las rentas mínimas regionales ya vigentes encontramos una diferencia de hasta 426 euros, siendo el País Vasco el que ayudas más elevadas otorga, de hasta 726 euros al mes, mientras que en Ceuta se encuentra la prestación de este tipo de menor cuantía, de 300 euros.
En este sentido, es comprensible que en la búsqueda del encaje autonómico se vaya a un tramo que estaría sufragado por la administración central entre estas dos cuantías por lo que una prestación de 500 euros mínima asociada a la Seguridad Social podría ser la cuantía de la ayuda que prepara el Gobierno. Para alcanzar el nivel del que actualmente gozan los beneficiarios con pagas superiores a estos 500 euros (País Vasco, Navarra, Cataluña y Melilla) se permitiría a los gobiernos regionales y locales articular nuevos instrumentos en virtud a aspectos concretos de cada comunidad autónoma que terminen por completar el ingreso mínimo.
Medio punto de PIB
Partiendo de estas cifras, la aprobación de la nueva prestación supondría cargar sobre los gastos del Estado una nueva prestación con un coste aproximado de 6.000 millones de euros al año -las pagas serían de un mínimo de 500 euros al mes para un millón de hogares, es decir, un coste mensual de la ayuda de al menos 500 millones de euros-. Coste que ante la delicada situación financiera de la Seguridad Social, supone un nuevo gasto que aplicará en el déficit del conjunto de las administraciones de este año y en el cómputo total de la deuda pública que puede irse según las estimaciones de organismos internacionles como el FMI por encima del 110% del PIB. Y que impactará en las Cuentas del sistema, con un déficit en 2019 de 17.000 millones euros.
