Economía

Moncloa cede y estudia una moratoria fiscal por el coronavirus, pero solo para pymes y autónomos

  • Prepara aplazamientos de las autoliquidaciones del IVA y el IRPF
  • Los fiscalistas piden una medida "global" y rechazan "estos parches"
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. eE

El Ministerio de Hacienda prepara un aplazamiento los impuestos del IVA y el IRPF para las pymes y los autónomos. El Gobierno cede así a las presiones de la patronal y los fiscalistas, que exigen desde hace semanas medidas de estímulo fiscal contra la crisis económica generada por el coronavirus Covid-19.

Fuentes del Gobierno prevén que en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, el Ejecutivo apruebe la medida, que consistirá en la suspensión de plazos de presentación de autoliquidaciones. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó esta semana que el Ministerio de Hacienda está estudiando medidas adicionales para prolongar los plazos de presentación de impuestos a pymes y autónomos. Según fuentes del Ministerio, el límite que estudia Hacienda para acceder a esta moratoria es de una facturación de hasta 600.000 euros. Las compañías que facturen más mantendrán su obligación de liquidar el IVA y el IRPF en el plazo establecido.

"Hacienda vuelve a confundirse, presumiendo que toda empresa que tiene un tamaño grande tiene, per sé, liquidez", señalan los fiscalistas

"De confirmarse, esto corrobora que el Gobierno sigue adoptando la disposición de legislar con medidas cortoplacistas, parches y, sobre todo, con el dinero del contribuyente, destaca el fiscalista Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores. "España necesita medidas estructurales a nivel macro, como las que están adoptando el resto de los países de nuestro entorno", añade.

En la misma línea, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, pide una respuesta "coordinada global" ante esta crisis y recomienda "evitar el ir saltando de una idea en otra en materia fiscal". Pich reconoce la dificultad para tomar decisiones acertadas ante la incertidumbre que genera esta situación. "Lo que sí hay que hacer es distinguir el grano de la paja y aprobar medidas que realmente lleguen a las personas y las empresas y permitan salvar el máximo posible del tejido productivo", apunta.

Tamaño sin liquidez

"Una cosa es el tamaño de la empresa y otra, bien distinta, su liquidez". El fiscalista Javier Gómez Taboada, socio de Maio Legal, muestra sus reticencias a que la suspensión se apruebe solo para las empresas que facturan menos de 600.000 euros. "Si se confirma esto, Hacienda vuelve a confundirse con las empresas, presumiendo que toda empresa que tiene un tamaño grande tiene, per sé, liquidez", asegura Gómez Taboada.

"Habrá que esperar al BOE, pero creo que estas espasmódicas decisiones, a estas alturas, solo contribuyen a incrementar el caos y la incertidumbre que ya se está cebando con todas las empresas y los autónomos", añade el fiscalista.

Cambio de línea

España era el único país de su entorno que se resistía a tocar impuestos y rechazaba el estímulo fiscal para las empresas que pedían patronal y fiscalistas. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) mostró su estupefacción por la "nula piedad" que muestra la Agencia Tributaria mientras el tejido productivo del país se desmorona. Países como Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Portugal, Finlandia, Noruega, Grecia, Luxemburgo, Rumania, Eslovaquia, Lituania, China, Rusia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Costa Rica, Ecuador, Moldavia, Filipinas o Bosnia Herzegovina han optado ya por diferir los plazos para presentar autoliquidaciones tributarias por impuestos sobre la renta o por IVA y han introducido incentivos fiscales relevantes para otorgar liquidez a las empresas y los autónomos.

Ahora, el nuevo aplazamiento se suma a la única medida en esta materia, que está contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. Según Daniel Echegoyen, abogado de Broseta, lo que establece es un aplazamiento casi automático de deudas tributarias. Sin embargo, los expertos entienden que tiene un alcance muy limitado, ya que es aplicable solo a las que tienen un volumen de operaciones de hasta 6.010.121,04 euros, y respecto de deudas de hasta 30.000 euros.

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