
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la tarde de este sábado que el Consejo de Ministros aprobará la suspensión temporal de todos los servicios no esenciales de la economía. Ya en el decreto del Estado de alarma se recogía el cierre de buena parte de la economía, pero aún podían desarrollar su actividad trabajadores como obreros de la construcción o empleados de buena parte de la industria. Sin embargo, la mayoría de ellos estarán obligados a cerrar sus puertas entre el 30 de marzo y el 9 de abril, percibiendo un permiso retribuido y recuperando las horas más adelante.
Pero, ¿cuáles son los servicios esenciales para el Gobierno? El presidente Sánchez no ha querido entrar en detalles durante su rueda de prensa, pero sí ha aclarado que los servicios sanitarios, los cuerpos de seguridad y los medios de comunicación sí tendrán la consideración de actividades esenciales.
A ellos se suman, por los reales decreto publicados en los últimos días y que complementan al del Estado de alarma, el transporte de mercancías y el abastecimiento alimentario, así como algunos establecimientos turísticos dedicados a alojar a quienes realizan las anteriores actividades.
También se consideran servicios esenciales el personal de operadores de telecomunicaciones y centros de procesos de datos y de empresas instaladoras de telecomunicación para la instalación, así como quienes realicen mantenimiento y reparación de redes de telecomunicaciones.
Se suman a ellos los trabajadores de gasolineras, puertos, aeropuertos, infraestructuras ferroviarias, prevención y extinción de incendios, salvamento y seguridad marítima, trabajadores de plantas de energía y agua, y personal de centros de procesos de datos.
Aunque está pendiente de conocerse el detalle de las nuevas actividades que se verán afectadas, es previsible que repercuta sobre todo al sector industrial, que en buena medida se ha enfocado ya en las últimas semanas hacia la fabricación de material sanitario o necesario para la crisis, y en un principio no afectará a aquellos trabajadores que se encontraban teletrabajando.
Lo que sí especificó Sánchez es que las actividades consideradas esenciales, como la producción agrícola o el abastecimiento de productos alimentarios o farmacéuticos, así como toda la sanidad, continuarán con su labor ordinaria como hasta ahora. También citó a los medios de comunicación como "actividad esencial".
"La idea es que un trabajador que trabaja en una obra, a partir del 30 de marzo no lo hará y podrá tener ese permiso retribuido. En cambio, un enfermero sí lo hará", añadió.
Concretamente, remitió al real decreto-ley que declaró el estado de alarma hace dos semanas para referirse a las actividades que se consideran esenciales, ya que en el mismo se detallaba cuáles se restringían y qué actividades continuaban desarrollándose.
Un fin de semana de 15 días
Con esta medida que aprobará Pedro Sánchez este domingo en un Consejo de Ministros extraordinario se pretende reducir los desplazamientos al nivel actual de los fines de semana y evitar así la propagación del virus y la consecuente saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos, el asunto que más preocupa al comité de expertos. La paralización de aquellos trabajos no esenciales en los que no es posible la actividad en confinamiento -obras, industria- forzarán al descenso de la actividad tal y como busca el Gobierno, una semana después de que Italia tomara esta misma decisión.
Los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad de parte de las empresas y, una vez termine la situación de emergencia, recuperarán las horas de trabajo no prestadas "de manera paulatina y espaciada en el tiempo", por ejemplo con una hora más diaria, mediante la negociación colectiva hasta el próximo 31 de diciembre, según explicó Sánchez, que informó de la media a sindicatos y empresarios.
La medida no afectará en principio a los trabajadores que estaban ya teletrabajando ni aquellos que puedan acogerse a esta modalidad, e implicará mayormente a los empleados del sector industrial.
A pesar de la suspensión de las actividades no esenciales durante dos semanas (8 días laborables, teniendo en cuenta los festivos de Semana Santa), las empresas no podrán despedir por causa de fuerza mayor ni por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción que se deriven de la crisis sanitaria mientras dure el estado de alarma, tal y como se ha establecido en un real decreto desde el sábado, aunque podrán a cogerse a un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE).
La decisión de endurecer el estado de alarma, según Sánchez, se ha tomado siguiendo las recomendaciones de los expertos del Comité Técnico, tras haberse tratado con los agentes sociales, que son "conscientes del enorme esfuerzo que hay que hacer", y bajo el convencimiento de la necesidad de reducir la movilidad de los días laborales al nivel de la caída que se produce los fines de semana.
La idea del Gobierno es anticipar las jornadas festivas de la Semana Santa para cerrar las actividades económicas de servicios no esenciales con el fin de rebajar de manera "significativa" la movilidad y recortar en mayor medida el contagio y las infecciones y con el fin también de reducir el número de hospitalizados y aliviar las UCIs.
Por su parte, CEOE y Cepyme han advertido del "enorme impacto sin precedentes" que supondrá en la economía española la medida, mientras que CCOO y UGT apoyan la decisión al verla necesaria para frenar la pandemia, y posteriormente pactar en la negociación colectiva la recuperación de esas horas.