Madrid
El Real Decreto-Ley 5/2020 en materia de agricultura y alimentación, que entra en vigor este jueves, despierta las dudas de la industria, agricultores y juristas acerca de su implementación. Mientras las asociaciones agrícolas ven reflejadas gran parte de sus reivindicaciones en el texto, la industria alimentaria y los juristas expresan su incertidumbre sobre su colisión con la normativa que regula la libre competencia. Todos coinciden en las dudas sobre la efectividad de la medida.
"La venta a pérdidas en ocasiones puede ser procompetitiva o eficiente y se puede usar para, por ejemplo, la liberación de un stock o la introducción de un producto que pueda servir al mercado", señala Pedro Suárez, socio del área de Derecho de la Competencia de Ramón y Cajal Abogados y corresponsable del sector Agroalimentario en el despacho. "Como decisión política es perfectamente respetable pero creo que tendrá un impacto en los precios. Los incrementará y lo acabará pagando el consumidor", añade.
El abogado explica que el decreto exigirá a los productores desvelar sus costes de producción, "una información sensible", apunta. "Esto es un asunto por el que siempre se han preocupado mucho las autoridades de Competencia", indica el experto. "Un tercero puede usar esta información para situar sus precios por encima de lo que inicialmente tenía pensado. Al final, pueden conocer datos delicados de su competencia más directa", añade.
Pedro Suárez señala que estas circunstancias son situaciones de infracción de la Ley. "Si uno sabe la estructura de coste de sus proveedores, probablemente tenga conocimiento de los precios de los competidores", añade.
Por su parte, Alejandro Rey, socio de ABCGC Abogados destaca que "si bien estas prácticas son susceptibles de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado, el Tribunal de Justicia europeo establece que hay que analizar el contexto fáctico de cada caso". Rey considera que "debemos descartar un criterio interpretativo automático, cuanto menos a sólo un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado".
Implementación
Pedro Barato, presidente de la asociación agrícola Asaja, destaca que el decreto recoge las principales reivindicaciones de los agricultores. Sin embargo, exige que se desarrolle de manera adecuada. "Esto no puede quedar en agua de borrajas", asegura. Barato pide al Gobierno que no hable solamente de precios y reduzca los costes en el campo. "En especial, los que tienen que ver con decisiones puramente políticas, como el IVA, la fiscalidad o el coste de la energía", apunta.
Por su parte, Miguel Blanco, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) coincide con el planteamiento de Pedro Barato pero subraya sus dudas sobre la efectividad del decreto. "Somos escépticos en que su aplicación tenga el efecto deseado para equilibrar la cadena", asevera.
Por otro lado, la patronal de industrias alimentarias (FIAB) ha mostrado sus "dudas" sobre la compatibilidad con la libre competencia de una de las medidas del real decreto ley. El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, subraya que "hay que estudiar si estos costes son compatibles con las normas de la competencia".
