Valladolid
El aumento del Salario Mínimo Interprofesional ha venido a agravar uno de los problemas endémicos del campo andaluz y extremeño: las dificultades para encontrar mano de obra disponible.
El incremento de los costes laborales se suma así a los problemas a los que cada año se enfrentan los agricultores para encontrar jornaleros y acometer las labores agrícolas, una auténtica paradoja en unas comunidades que registran altos índices de paro en las zonas rurales.
Los agricultores señalan como principal causa para encontrar jornaleros el sistema de subsidios agrarios que se institucionalizó en Extremadura y Andalucía hace 36 años, con las famosas peonadas del PER, y que se perpetúa a día de hoy con un coste nada desdeñable para las arcas públicas.
Seis meses de ayuda
En 2018, un total de 191.298 personas se beneficiaron de los subsidios agrarios, que permiten a un jornalero cobrar ayudas durante seis meses, con poco más de uno trabajado. Ese año, la factura para el Servicio Público de Empleo Estatal ascendió a 985,49 millones de euros.
Un coste que aumentará a tenor de las intenciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de introducir una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo, "dotándolo de mayor estabilidad, de manera que haga posible elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección de las personas desempleadas que lo necesiten".
La última decisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la de rebajar de 35 a 20 las jornadas (peonadas) necesarias para acceder al subsidio agrario. La medida tiene, según aseguró el Gobierno, "carácter coyuntural" y se justifica en la reducción de la demanda de mano de obra por las minoraciones de cosechas, debidas a las malas condiciones meteorológicas que ha sufrido el campo, lo que dificulta a los jornaleros hacer las peonadas necesarias para acceder a la ayudas económicas. Los perceptores de ayudas, según los informes del Servicio Público de Empleo, suponen el 5,65 por ciento del total de beneficiarios de prestaciones por desempleo que hay en la actualidad en España.
El subsidio y la renta agraria son las dos modalidades de la prestación por desempleo para los trabajadores eventuales del campo en Extremadura y Andalucía. El primero surgió en 1984. Para solicitarlo se debe al menos haber cotizado un mínimo de 35 jornadas durante los doce meses anteriores a la situación de desempleo y acreditar que no se tienen rentas ni ingresos que superen el Salario Mínimo Interprofesional anual, excluyendo dos pagas extraordinarias.
El subsidio medio que se puede recibir es de 512 euros al mes, cantidad a la que se debe restar 86 euros por el sello agrario (cotización), que deben ser abonados por los jornaleros.
Existe un subsidio agrario especial para mayores de 52 años. Para ello además de tener la edad, se debe haber cotizado al subsidio agrícola y haberlo recibido durante los últimos cinco años de forma ininterrumpida antes de la solicitud. Para estos caso, no hay requisitos de peonadas mínimas y la duración es todo el año.
En lo que se refiere a la renta agraria, coincide con el subsidio agrario en que son necesarios como mínimo acreditar 35 jornales, aunque en esta ocasión no sirven los que se puedan realizar dentro del Plan de Fomento del Empleo Agrario, como en el caso del subsidio.
Las condiciones son mayores, ya que para poder solicitarlo hay que haber estado empadronado en Andalucía o Extremadura un mínimo de 10 años y no haber sido beneficiario del subsidio por desempleo agrario en alguno de los tres años anteriores a la solicitud.
Desincentivan al trabajador
Los empresarios agrícolas consideran que el mantenimiento de los subsidios desincentiva a los jornaleros para trabajar, lo que les genera grandes dificultades para encontrar mano de obra. El problema, además, se intensifica cuando los ayuntamientos y diputaciones hacen coincidir las obras para contabilizar peonadas con las campañas agrícolas de recolección o de poda de la aceituna o la uva.
Estas contrataciones se realizan a través del PER (Plan de Empleo Rural), ahora Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), un conjunto de inversiones para el mundo rural en cuya financiación colaboran las administraciones central, autonómica, provincial y los ayuntamientos que se benefician del mismo. Se puso en marcha en 1986 y desde entonces ha permitido invertir en obras de interés general y social en toda Andalucía, la contratación de cientos de miles de trabajadores y millones de jornales.
El Estado subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales, cuyo importe asciende al 60% del coste total de la subvención. Por su parte, las diputaciones provinciales y la Junta de Andalucía subvencionan el 40% de esa cantidad, que se corresponde con el coste de adquisición de los materiales necesarios para realizar los proyectos aprobados. De este 40%, la Junta de Andalucía subvenciona el 75% de esta cantidad y la Diputación Provincial, el 25% restante.
Esta iniciativa se traduce cada año en actuaciones en el sector agrícola, ganadero, industrial y de servicios, desde la construcción de dotaciones de equipamientos sociales, parques o jardines, hasta la modernización de regadíos, pasando por la urbanización de polígonos industriales o el arreglo de calles.
Sigue la rebelión agraria
Tras más de un mes de movilizaciones agrarias, la rebelión del campo no pierde intensidad. Este lunes tomarán el relevo los agricultores de Jaén, una provincia líder en producción olivarera que sufre con especial intensidad el incremento de los costes laborales por el alza del SMI y la fuerte caída de los precios del aceite.
Los precios que se pagan en origen por el aceite de oliva han arrancado 2020 entre un 20% y un 30% más bajos que hace justo un año, reflejo de una tendencia a la baja que se prolonga desde mediados de 2017.
Mañana las protestas de los Agricultores al Límite llegarán a Sevilla y Alicante y el jueves se trasladarán al centro y al norte de España con movilizaciones en León y Santander.
La unidad del sector en estas movilizaciones es total. De hecho, algunas cooperativas han cerrado los días para facilitar la presencia en las manifestaciones. Es el caso de Dcoop, que se sumará a las protestas convocadas por las organizaciones agrarias en Jaén y Sevilla, con el cierre de sus centros de trabajo en sendas provincias. Esta acción se suma a la ya realizada en días pasados en Córdoba, Granada y Málaga. Marzo se estrenará también oyendo los gritos del campo con protestas en Ponferrada (León), para pasar luego a Huelva y Canarias.
Los anuncios del Gobierno de formar mesas de diálogo y poner en marcha reformas no han calmado a los agricultores, que reclaman medidas concretas, que acaben con los bajos precios que reciben por sus productos y que ponen en riesgo la viabilidad de sus explotaciones y de su forma de vida. Al malestar acumulado se ha unido la inquietud por el futuro de los fondos de la Política Agraria Común, que negocian, por ahora sin éxito, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
