Valladolid / Madrid
El Gobierno aprobó este martes la anunciada modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria por la que se impondrán precios mínimos a los productos agrarios en un intento de aplacar las movilizaciones agrarias.
La modificación legal obligará a que en los contratos agrarios se incluya una cláusula obligatoria con indicación expresa de que el precio pactado entre el productor primario y su primer comprador cubra los gastos de producción. La medida intenta así mejorar los precios en origen que reciben los agricultores.
Para el cálculo de esos precios, se tendrán que tener en cuenta factores como el gasto en salarios, fertilizantes, semillas o energía, entre otros, - e índices estadísticos oficiales.
Asimismo, el Real Decreto aprobado por el Gobierno tras un mes de movilizaciones en el campo introduce la prohibición de destruir valor a lo largo de la cadena, por lo que cada operador deberá pagar al eslabón inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción.
Sólo habrá dos excepciones a la obligatoriedad de no vender por debajo del precio de producción: los productos perecederos antes de que se estropeen y los descuentos y promociones aplicados por las cadenas de distribución al consumidor, que deberán ser asumidos por estas empresas y no se contabilizarán a la hora de calcular el coste.
La respuesta del Gobierno a la crisis del campo nace con las "dudas" de la industria alimentaria no solo sobre su efectividad, sino sobre su compatibilidad con la libre competencia.
El director general de la patronal alimentaria FIAB, Mauricio García de Quevedo, señaló en declaraciones a Efe que hay que "estudiar en profundidad" la efectividad práctica de la medida y si es compatible, o por el contrario "restringe", las normas de la competencia.
Para García de Quevedo, el gasto de obtención de un producto no es igual en todos los casos, sino que depende de la competitividad o la productividad de cada sector e incluso de los distintos agricultores o ganaderos: "El más productivo tendrá un índice inferior".
En su opinión, es una incógnita además cómo se reflejará dicho coste para que se aplique "de una manera clara o transparente". García de Quevedo valoró positivamente otras medidas como la prohibición de la venta a pérdidas y la publicación de las sanciones, que se endurecen. Asimismo, aplaudió que se prohíba que el "último eslabón" pueda transferir sus riesgos empresariales a otros eslabones, así como el veto a promociones que puedan confundir al consumidor que deterioren la imagen de un producto.
Durante su presentación tras el Consejo de Ministros, el titular de Agricultura, Luis Planas, justificó las modificaciones en los "desequilibrios" entre los agricultores y el resto de los eslabones de la cadena -industria, supermercados y consumidores-, que viven una situación "más desfavorable", debido en parte a la "atomización" del sector primario.
Sobre otra de las dudas de la medida, su impacto en el los precios, Planas aseguró que "es posible" que no se incrementen para los consumidores "si cada uno asumimos nuestra responsabilidad en el marco de la cadena. El Gobierno aprobó también la rebaja de 35 a 20 las peonadas necesarias para que los jornaleros se beneficien de subsidios agrarios y la bonificación en las cuotas a la Seguridad Sociales por la conversión de contratos eventuales en fijos discontinuos.
Las medidas del Gobierno no consiguieron aplacar el malestar en el campo. El martes se produjeron nuevas concentraciones y tractoradas, que se repetirán en los próximos días.
No resuelven los problemas
El secretario de COAG Andalucía, Miguel López, ha pedido este martes durante la concentración y tractorada convocada en Sevilla por las organizaciones agrarias en protesta por los bajos precios que soportan agricultores y ganaderos que "Pedro Sánchez empiece a tomar y siente a los nueve ministros en esa mesa de negociación, o a secretarios de Estado o a simples técnicos, pero estamos hartos de que nos anuncien cuestiones que no van a resolver los problemas", en alusión a las medidas anunciadas que este martes iba a adoptar el Consejo de Ministros.
Convocada por Asaja-Sevilla, COAG Sevilla, UPA Sevilla y Cooperativas Agro-alimentarias, estas organizaciones han cortado cuatro vías de comunicación: autovía-A49 (a la altura de Benacazón), autovía A-92 (a la altura de Aguadulce), autopista AP-4 (a la altura de Lebrija), y autopista A-4 (a la altura de Carmona). Las primeras informaciones apuntan a una movilización de 5.000 tractores y 16.000 agricultores y ganaderos.
"Pedimos una mesa donde estén los nueve ministerios con competencia", ha argumentado el secretario general de COAG, quien ha desgranado las necesidades de agricultores y ganadores, por lo que ha considerado que "hablamos de precios, de costes de producción, de renta, y de cómo bajamos esos costes, de endeudamiento del sector, y cómo hacemos rentables nuestras explotaciones, porque están hundidas las rentas por muchas inversiones a las que no podemos hacer frente".
Miguel López ha reclamado la aplicación del "principio de preferencia comunitaria" y ha apuntado seguidamente las consecuencias de esta máxima: "primero, lo nuestro, después lo que viene de fuera".
Junto a la exigencia de "queremos a los nueve ministerios sentados para que desmenucemos los problemas", el secretario general de COAG Andalucía ha exigido al Gobierno que "le digamos a Europa que hasta aquí hemos llegado" al esgrimir que en estos momentos "seis cadenas de distribución controlan el mercado único en Europa".
"Nos quieren ver ahorcados, sustituidos por fondos de inversión, pero estamos dispuestos a seguir luchando por el campo", ha apostillado Miguel López sobre el monopolio que ejercen las cadenas de distribución.
"A medio camino"
Mientras, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos cree positivo el Real Decreto-Ley del Gobierno para modificar la Ley de la Cadena Alimentaria en el que aprecia avances, pero considera que es mejorable es aspectos importantes.
Unión de Uniones señala que la referenciación de precios a los costes productivos y la obligación de los operadores de pagar al menos dichos costes para no destruir valor en la cadena, así como la publicidad de las sanciones firmes graves y muy graves son pasos que había que dar y que ahora deben desarrollarse y acompañarse de otras medidas y de los medios de control que garanticen su cumplimiento.
La organización valora positivamente que se planteen cuestiones que hasta hace muy poco el Gobierno consideraba inaplicables. "Nos hubiera gustado que esto se hubiera hecho mucho antes" explican desde la organización. "Es inevitable recordar las ocasiones en las que el Ministerio ha respondido estos años de atrás que era imposible cada vez que lo hemos pedido".
En este sentido, y por lo que respecta a la función de la AICA en la búsqueda de transparencia y sus competencias, Unión de Uniones pide que este organismo disponga de todos los medios necesarios para que pueda hacer frente a la persecución de incumplimiento y lograr que las multas que impongan sean realmente disuasorias.
Asimismo, Unión de Uniones cree que se puede mejorar la tipificación de venta a pérdidas y, para ser completa esta modificación, faltaría también una definición de la posición de dominio que proteja de las transgresiones de la competencia derivados de la concentración de la distribución y la industria.
La organización recuerda que otros sectores estratégicos, como la energía, cuentan ya con una limitación que impide acaparar una cuota excesiva de mercado y recalca que en España 5 grandes cadenas de distribución copan el 55% del suministro agroalimentario. "Nosotros consideramos que atajar esto es clave" – señalan desde la organización. "No se protege al productor totalmente si no se define también la posición de dominio para poder perseguir los abusos".
Incorporación de jóvenes
Unión de Uniones considera positivo, por otro lado, el cambio de tratamiento fiscal a las ayudas a la incorporación de jóvenes para que puedan declararse a lo largo de cuatro ejercicios. En aquellos casos en los que Hacienda lo consideraba un ingreso anual, la repercusión podía llegar a alcanzar hasta un 30 % de la ayuda que el joven acababa devolviendo en forma de impuestos
Este problema se lleva arrastrando desde hace varios años, cuando con la nueva normativa europea de programación del PDR las administraciones regionales tuvieron que cambiar el modelo de concesión de estas ayudas. "Hemos denunciado que esto no era justo. Ahora lo que debería hacerse, además, es aplicarlo con carácter retroactivo, para no perjudicar a los jóvenes que se han incorporado estos años de atrás".
