Sin haber metabolizado aún las repercusiones económicas de la subida del SMI, el sector agrario empieza a visualizar los daños colaterales de la medida, que amenazan con agravar el que es uno de los grandes problemas del mundo rural: la despoblación.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, advierte de las graves consecuencias que tendrá para el empleo agrario basándose en la salida del mercado laboral de 33.000 activos con la subida del pasado año. "Se van a perder muchos puestos de trabajo", asegura el dirigente agrario, que augura que como consecuencia de ello "mucha gente emigrará a otros sitios". Barato critica sin ambages los "mensajes vacíos y falsos sobre la despoblación. Esto es ir contra la España vacía, contra la España rural".
Pedro Barato insiste en que la subida es "inasumible" para el sector. "Llega en un momento muy complicado, tras la segunda bajada consecutiva de la Renta Agraria y con una fuerte crisis de precios en sectores tan intensivos en mano de obra como frutas y hortalizas y el aceite de oliva".
Reunión con Pablo Iglesias
El líder agrario advierte además que "va a dinamitar la negociación colectiva de los convenios territoriales". Asaja ya pidió nada más firmarse el acuerdo mecanismos de apoyo como bonificaciones a la Seguridad Social o incentivos fiscales ligados al empleo agrario, algo que Barato va a reclamar directamente al vicepresidente Pablo Iglesias. "Voy a dirigirme a él para solicitarle una reunión. Es el vicepresidente de lo Social y además parece ser que ha estado muy atento a este acuerdo".
Los efectos económicos de la subida preocupan especialmente en provincias como Almería, auténtica 'potencia' en la producción hortícola de nuestro país. "Ya fue muy complicado asumir la del año pasado. Éste, con la mala campaña de producción por la climatología y de precios que estamos teniendo, no sabemos cómo se va a poder hacer", asegura Dori Blanque, secretaria general de Asaja en esta provincia. El sector hortícola supone el 90% del empleo del sector agrario en Almería.
Desde la organización agraria provincial han trasladado la necesidad de que se fijen bonificaciones, excepciones o un tiempo de adaptación teniendo en cuenta las particularidades. En este sentido, Blanque destaca que "hay que entender que estamos en un periodo transitorio de integración del Régimen Especial Agrario en el general. No se pudo hacer de golpe y se estableció un periodo precisamente para no incrementar los costes bruscamente y que las explotaciones pudieran seguir siendo viables y ahora a esa subida de las cotizaciones hay que añadir el incremento del SMI".
Un sector sin ayudas
Otra de las peculiaridades del sector hortícola es que es uno de los que no recibe ayudas directas. "No dependemos de subvenciones como la PAC. Las únicas subvenciones son a través de los fondos operativos y son ayudas a las inversiones, de las que el agricultor tiene que pagar el 50%. Teniendo en cuenta de que somos un sector que depende del precio de mercado se nos agrava todavía más", concluye.
A tenor de los precedentes del pasado año, el otro colectivo, junto al de los agricultores, en el que impactará de forma más negativa la medida será en el de las empleadas del hogar. En diciembre pasado, el entonces secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, reconocía que la subida del Salario Mínimo (SMI) que entró en vigor en 2019 supuso la pérdida en ese colectivo de empleadas del hogar de 13.000 puestos de trabajo, que fueron cubiertos por la economía sumergida.
Granado explicaba entonces que la subida del salario mínimo interprofesional había hecho que mejorasen otras ocupaciones adonde se mueven estas trabajadoras que son sustituidas por la economía irregular o sumergida. "Prefieren trabajar en Glovo que ser empleadas de hogar", afirmaba.
Menos horas extra
Un fenómeno similar ocurría en el sector agrario, donde muchos trabajadores emigraron al sector servicios. Junto a esto, el exsecretario de Estado reconocía una caída del número de horas extras declaradas. "Es posible que se paguen menos horas", afirmó.
Los efectos, sin embargo, se extienden a todos los sectores productivos. El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, cifró ayer en 2.000 millones de euros el coste total que tendrá para las empresas la subida del Salario Mínimo Interprofesional del 5,5% hasta los 950 euros para 2020.
Mil euros de subida
"Realmente, muchas veces los ciudadanos olvidamos cuáles son los componentes de las nóminas que recibimos", explicó en declaraciones ayer a la agencia Efe Cuerva, quien detalló que ese incremento no solo implica a los 50 euros más a lo largo de catorce mensualidades, ya que a esos 700 euros (50 euros por 14 pagas) hay que sumar el coste derivado también del incremento en la cotización a la Seguridad Social de alrededor de 270 euros, lo que supone que la cuantía total de subida por cada trabajador será de 1.000 euros.
Según la propia cifra ofrecida por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la medida beneficiará a dos millones de personas, con lo que el coste total para la empresa española de la subida del salario mínimo será de 2.000 millones de euros, 1.000 euros anuales por cada uno de esos trabajadores, indicó el presidente de Cepyme.
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