Mientras la vicepresidenta Nadia Calviño negocia en Bruselas la ampliación del plazo para alcanzar el déficit cero hasta 2022, un año más que lo previsto en la hoja de ruta del Gobierno de Mariano Rajoy, en la sede socialista de Ferraz, responsables del área económica en estrecho contacto con La Moncloa confirman que en este intento de conjugar el cumplimiento con la Comisión Europea con los objetivos del programa pactado con Podemos en ese Nuevo Acuerdo para España la estrategia pasa ahora por conseguir que las autoridades comunitarias permitan reducir en 2,5 décimas los ajustes exigidos en noviembre, 3.000 millones menos, cuando rechazaron las líneas esenciales del proyecto de Presupuestos presentado por el entonces Ejecutivo en funciones.
Eso supondría rebajar los ajustes exigidos hasta el 0,4% del PIB, frente al 0,65% exigido por Bruselas, lo que rebajaría los recortes desde los aproximadamente 7.800 millones solicitados a sólo 4.800 millones. Y esto en teoría, porque en Moncloa y en Ferraz tienen muy claro que, al final los ajustes se limitarán a sólo un 0,1 o 0,2% del PIB, para lo que se va a forzar al límite los reglamentos comunitarios. En círculos empresariales expertos en la normativa comunitaria explican que "una interpretación flexible" de la reglamentación comunitaria posibilitaría incumplir hasta un 0,5% de ajuste en dos años sin sanción, una vez que España ha salido de la tutela por déficit excesivo. Al mismo tiempo, el equipo de Calviño tiene también presente que Bruselas no revisará el cumplimiento de las cuentas hasta el año siguiente, lo que dejaría margen para rebasar los límites comprometidos, al igual que ha ocurrido en 2019 con Francia y Alemania.
"Estamos trabajando conjuntamente para ver cuál sería el mejor encaje desde el punto de vista presupuestario"
A pesar de estas artimañas legales, en el Ejecutivo son conscientes de que España lo tiene muy difícil. Sabe ya que Bruselas no tiene intención de ceder en la flexibilización del déficit hasta no conocer los Presupuestos. Todo lo contrario de lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, además de que el ajuste para 2020 había sido aprobado ya por los líderes de la Unión. Otro elemento que juega en contra de España es que, frente al déficit real del 2%, como mínimo, en que se cerrará 2019, el déficit estructural permanece en torno al 3% del PIB, justo cuando la desaceleración en el crecimiento de la economía es un hecho y las previsiones para 2020 apuntan que no irá más allá del 1,6 o 1,7%.
La continuidad de la reforma laboral, al menos en sus aspectos esenciales, es otra de las condiciones que los comisarios del euro, Valdis Dombrovskis, y de Economía, Paolo Gentiloni, tienen en mente plantear a Sánchez para obtener esa flexibilidad presupuestaria. "A España no le queda ya mucho margen para retrasar los ajustes", afirman en sede comunitaria. A esto hay que añadir que los analistas privados y las organizaciones empresariales han cifrado ya que, si el Gobierno cumple los proyectos anunciados en su nuevo acuerdo para España, disparará el déficit, lo que nos volvería a meter en el procedimiento por déficit excesivo.
Calviño apuntó este lunes en Bruselas, con ocasión del Ecofin, que el Gobierno pretende contar con un "contexto realista" y una senda fiscal "realista" que permita avanzar "lo más rápidamente posible en la reducción del déficit y la deuda pública sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo". "Estamos trabajando conjuntamente el Gobierno de España y la Comisión para ver cuál sería el mejor encaje desde el punto de vista presupuestario para lograr el objetivo que he señalado", insistió.
Reiteró además que está explorando con el Ejecutivo comunitario los distintos elementos de flexibilidad recogidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque no quiso detallar si el objetivo del Gobierno es utilizar la flexibilidad que permite a los Estados miembros desviarse en dos años medio punto porcentual del objetivo de esfuerzo estructural fijado por la UE.
Los Presupuestos, antes de verano
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el Gobierno prevé que los Presupuestos Generales del Estado puedan ser aprobados el próximo verano. El procedimiento se puso en marcha con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden por la que se dictan las normas para su elaboración y para que cada departamento ministerial presente sus cuentas.
Montero indicó que las prioridades, en todo caso, serán promover el crecimiento económico inclusivo basado en la innovación, la tecnología y digitalización; apostar por una transformación ecológica justa; defender los derechos sociales; favorecer la cohesión territorial para afrontar, entre otros, el reto demográfico, y la lucha por la igualdad. Sobre este último aspecto, la portavoz ha anunciado que los presupuestos contarán, por primera vez, con un diagnóstico de la realidad de género en la sociedad española.
Antes de la presentación del proyecto de ley de Presupuestos al Congreso, Montero avanzó que debe llegarse a un acuerdo en Bruselas sobre la senda de déficit y ha confiado en que podrá flexibilizarse la actual, que data de 2018 y que "está desacompasada con la realidad del día a día". Asimismo, las Cortes Generales deberán aprobar con carácter previo a su debate y aprobación el techo de gasto y la senda de estabilidad.
Por su parte, Calviño insistió en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en que la intención del Ejecutivo es aprobar los Presupuestos de 2020 "cuanto antes" y negó retraso alguno en el proceso después de que el presidente, Pedro Sánchez, afirmara que quiere adoptarlos antes de que finalice el verano. Calviño señaló que se ha dado el "pistoletazo de salida" a la preparación de los Presupuestos porque el fin es que se aprueben "cuanto antes". "Ese es el objetivo claro, es decir, que retraso ninguno", señaló.
