Economía

Sánchez confía en aprobar los Presupuestos "antes de que acabe el verano"

  • Sólo derogará los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral
  • Convocará a Quim Torra a una reunión la primera semana de febrero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes en una entrevista concedida a TVE que confía en aprobar los Presupuestos Generales del Estado "antes de que acabe este verano", poniendo fin así a la prórroga presupuestaria de las Cuentas nacionales que logró aprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy pocos días antes de la moción de censura.

El líder socialista ha señalado que sus Cuentas estarán basadas en cinco ejes: consolidación del crecimiento económico, transición ecológica, derechos sociales, cohesión territorial y reto demográfico e igualdad entre hombres y mujeres.

Sánchez ha esquivado analizar la relación entre su elaboración y su tramitación de las negociaciones con Bruselas para retrasar la reducción del déficit estatal y ha dicho que pedirá el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, además de sus socios de Gobierno y de investidura, ERC.

Subidas salariales

Además, Sánchez ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la prometida subida salarial a los funcionarios, algo que ya adelantó su jefe de gabinete, Iván Redondo, en una carta al CSIF la semana pasada. "Mañana en el Consejo de Ministros vamos a cumplir el acuerdo y vamos a subir el sueldo a los empleados públicos un 2%, que es algo que tiene un amplio consenso", afirmó.

Sobre el anunciado incremento del salario mínimo interprofesional, Sánchez ha anunciado que mantiene el compromiso de que alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura, tal y como recoge el Pacto Social Europeo, pero evitó señalar la subida que podría producirse ya este mismo ejercicio. Recordó que su anterior Gobierno lo subió un 22% hasta alcanzar los 900 euros y dejó en manos de los agentes sociales la decisión de la senda de incremento en función de la evolución de la economía.

Reforma laboral

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha insistido en que derogará los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral que acometió el PP, y no la ley en su conjunto, contradiciendo así las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien señaló tras jurar el cargo que habría que derogarla al completo. En este sentido ha aludido al acuerdo programático que firmaron PSOE y Podemos para sacar adelante el actual Ejecutivo, donde ya se mencionaba esta derogación parcial.

Entre estos aspectos más lesivos ha señalado la abundancia de subcontrataciones, el que los empresarios puedan modificar unilateralmente los contratos de trabajo con sus empleados o la reciente sentencia del Tribunal Supremo que aprueba el despido del trabajador por estar de baja médica por enfermedad. Señaló que no introducirá una "mayor rigidez", sino "una mayor justicia".

Convocará a Torra a principios de febrero

El presidente del Gobierno ha pedido a la oposición que no bloquee la actividad del Ejecutivo y ha reclamado pactos de Estado en temas sensibles, como la renovación del Tribunal Supremo o la vuelta a la negociación del Pacto de Toledo.

Además, ha afirmado que convocará al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a una reunión en la primera semana de febrero. Ha pedido al independentismo que haga autocrítica por haber "fracturado la sociedad catalana" y ha apelado a negociar "en el marco de la Constitución", una alusión que sin embargo no aparece recogida en el acuerdo entre PSOE y ERC que sirvió para investir presidente a Sánchez.

Además, el líder socialista ha subrayado que se seguirá reuniendo con el resto de presidentes autonómicos. De hecho, está dispuesto a convocar anualmente la Conferencia de Presidentes para "celebrar el Estado de las Autonomías", algo que ha considerado un "éxito de la Constitución".

Sánchez también ha apuntado su oposición al pin parental aprobado en Murcia, que ha tildado de "problema inventado por la ultraderecha", ha defendido el nombramiento de su exministra Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado, y ha hecho hincapié en una "justicia fiscal" que "implica que los que más tienen deben aportar más a las arcas públicas", sin descartar expresamente la subida de impuestos a las clases medias.

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