Madrid
El acuerdo entre Francia y EEUU, pactado durante la reciente reunión del G7 en Biarritz, para enterrar el hacha de guerra a cuenta del impuesto a los servicios digitales, es decir, la tasa Google, ha hecho que al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se le dibuje un sonrisa. Fuentes gubernamentales y también del PSOE lo valoran como una muy buena noticia, ya que sienta un precedente que permitirá que el tributo se extienda al resto de los países sin temor a las contramedidas de Donald Trump. Por ello, se plantean darle una vuelta a la tasa Google patria, para hacerla todavía más parecida a la fórmula gala y aplacar así las protestas que por los canales diplomáticos la Casa Blanca ya había hecho llegar a Moncloa este verano.
Esta posibilidad surge tras el anuncio de Emmanuel Macron y Donald Trump de que finalmente EEUU no impondrá nuevos aranceles a Francia por su impuesto digital, tras el compromiso del Elíseo de que si se aprueba una tasa Google a escala internacional -tal y como tiene planeado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- y con un impacto económico inferior, se devolverá a las empresas gravadas -en su mayoría gigantes de origen estadounidense como Facebook, Google o Apple- todo lo recaudado retroactivamente hasta el año de su puesta en marcha: 2019.
Bajo esta premisa, el Gobierno rediseñaría ligeramente su impuesto, manteniendo la tasa por operaciones en servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario en el 3% -que es lo que indica el impuesto galo y es lo que estaba previsto- o por debajo de esta cifra, siempre con el mismo compromiso que ya ha exhibido Francia de adaptar el tributo a lo que se pueda acabar aprobando a escala internacional. Así, el impuesto digital patrio se aprovecharía también de la excepción francesa.
Premisas previas
En cualquier caso, solo serían necesarios retoques puesto que el impuesto español ya estaba planteado bajo estas premisas. Así lo indicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en julio, que explicó que España rediseñaría su tributo si salía adelante alguna propuesta internacional.
Todo ello al mismo tiempo que el presidente de EEUU, Donald Trump, utilizaba los canales diplomáticos para presionar a Moncloa y que desistiera de su intención de activar el tributo, tal y como pudo contrastar elEconomista.
Sin embargo, el pescado no está del todo vendido. Voces expertas en acuerdos comerciales como el pactado entre Francia y Estados Unidos llaman a la cautela. Alertan de que hasta que no se conozca su redacción y contenido no se puede dar nada por sentado.
En este sentido, hacen énfasis en el aspecto que atañe a la devolución retroactiva del impuesto a la que se compromete París, sobre todo dado que el año que se pone como plazo para que entre en marcha la tasa a nivel internacional es 2020. Dudan de que Francia estuviese dispuesta a devolver los niveles de recaudación que se estarían barajando, aunque tampoco lo descartan. "Cosas más difíciles se han visto", admiten. También son muy escépticas respecto a que precisamente, se pueda llegar a un pacto internacional para homogeneizar la tasa Google.
Apuesta principal
Aunque el Gobierno español asegura que se encontrará entre los primeros promotores de un acuerdo global si existe posibilidad para ello, el Ejecutivo no esperará a dicho pacto para poner en marcha su propio impuesto a las grandes multinacionales de internet. La tasa a los Servicios Digitales es una de las principales apuestas de los socialistas dentro de su estrategia para adaptar la fiscalidad española al siglo XXI y a los entornos digitales, encontrándose en el foco de esta iniciativa también las grandes empresas de la economía colaborativa tales como Airbnb y Uber.
De hecho, la tasa Google -que impactaría en empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones e ingresos en España superiores a 3 millones- está incluida en la última revisión del Programa de Estabilidad que el Ministerio de Economía y Empresa envió a la Comisión Europea, en julio, así como en los programas electorales del PSOE y en el documento programático que los socialistas han difundido de cara a la primera intento de investidura -fallida- de Pedro Sánchez. Con ella, los socialistas esperan recaudar unos 1.200 millones de euros, una cifra que según entes evaluadores como al Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estaría sobredimensionada.
Sin embargo, cabe recordar que, a día de hoy, el impuesto digital ni siquiera ha comenzado a recorrer el camino legislativo. Lo hizo a finales del último mandato socialista, pero el rechazo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 y la celebración de las elecciones generales anticipadas del 28 de abril han provocado que el correspondiente proyecto de ley tenga que volver a la casilla de salida.
Esto significa que, en caso de que se forme Gobierno, el nuevo impuesto tardaría al menos seis meses en tramitarse tras entrar en el Congreso de los Diputados. Es decir, que la tasa no entraría en vigor hasta bien entrado 2020.
Este es solo uno de los frentes que maneja el potencial Gobierno socialista para recaudar fondos de las arcas de las grandes tecnológicas. Pero hay más.
Financiación de RTVE
Tanto España como Francia ya han puesto sobre la mesa la posibilidad de imponer una tasa a estos gigantes del entretenimiento para que cofinancien la televisión pública (Radiotelevisión Española, en el caso español), igual que lo hacen las empresas de telecomunicaciones y las cadenas privadas.
Se trata de un campo que quedó habilitado con la aprobación de la Directiva Europea de Servicios de Medios Audiovisuales. Dicha legislación deja la puerta abierta al Ejecutivo para exigir el pago de la tasa de RTVE a compañías como Netflix, HBO, Amazon Video, DAZN, así como Facebook o Youtube, entre otros gigantes audiovisuales.
Según la Directiva -que el Ejecutivo deberá haber traspuesto antes de julio de 2020-, los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos estarán sometidos a las mismas imposiciones que los operadores tradicionales.
