Los efectos de la crisis económica de 2008 fueron devastadores en muchos aspectos, si bien uno de los elementos más significativos es la recuperación dispar experimentada en los diferentes escalones de la sociedad. En este sentido, la destrucción de la capacidad financiera de las clases medias y la merma del Estado de bienestar han provocado que muchas personas se hayan quedado atrás en el proceso de recuperación de la crisis. Y este fenómeno se ha reproducido en toda la Unión Europea, y los países desarrollados del globo.
Como prueba, la tasa de riesgo de pobreza en la UE se mantuvo prácticamente estable entre 2010 y 2013, pasando del 16,5 al 16,7 por ciento, pero entre 2013 y 2014, la tasa de riesgo de pobreza aumentó en 0,5 puntos porcentuales y, a continuación, aumentó ligeramente en 2015 (hasta 0,1 puntos) alcanzando el 17,3 por ciento, donde se situó también en 2016, según los últimos datos disponibles de Eurostat.
En este sentido, parece evidente que la epidemia de la pobreza se ha expandido por todos los rincones del continente, aunque de forma heterogénea. De hecho, en este ranking España es de los que peor parado salen siendo uno de los 10 países donde más de una quinta parte de su población se encuentra en esta situación de necesidad, o en riesgo de encontarse con ella. Concretamente, en nuestro país la tasa de riesgo de pobreza asciende al 21,6 por ciento de la población, de modo que se sitúa 4,3 puntos porcentuales por encima de la media del entorno comunitario. España aparece como la primera de las grandes potencias con mayor población en riesgo de exclusión social, solo acompañado por Grecia (21,4 por ciento) e Italia (19,9 por ciento) y ya más lejos Alemania (16,7 por ciento).
Sin capacidad de cobertura
En este punto, y en el marco del debate sobre la necesidad de posible introducción de una renta básica a nivel nacional en España para reducir esta tasa de riesgo de exclusión, resulta clave el hecho de que nuestro país es de los que menor cobertura de estas situaciones en la comparación con el resto de potencias de la Unión Europea.
Según el reciente estudio al respecto de AIReF, nuestro país es el sexto del Viejo Continente con un peor nivel de cobertura tomando como referencia la relación entre la cuantía básica de la prestación y el umbral de pobreza. Solo se encuentran por debajo de España en esta ratio regiones como Malta, Rumanía, Bulgaria, Letonia, Italia -como única grna potencia- y Polonia. Por el lado contrario, destacan los valores especialmente elevados de algunos países como Dinamarca, donde la prestación para una persona sola es mayor que el umbral de pobreza correspondiente. En este, dentro de los cinco con una mejor adecuación de las pagas, se encuentran Holanda, Esolvenia, Irlanda y Chipre.
En este sentido, en más de la mitad de los países de la Unión Europea, la protección a las familias con menores de eda es más completa que la que reciben los hogares unipersonales.
Otro criterio para medir la eficacia de los distintos programas europeos en la consecución de los objetivos de reducción de la pobreza es analizar directamente el impacto de las prestaciones sobre la tasa de pobreza. Aquí, España se encuentra entre los diez países donde el objetivo de estos programas se ha cumplido con una mayor efectividad, concretamente el octavo por detrás de República Checa, Hungría, Alemania, Austria, Francia, Eslovenia y Chipre, donde el diseño de la medida fue más efectivo con el objetivo propuesto.
Pero los datos muestran, en cualquier caso, que la distancia entre el salario mínimo y la cuantía de la renta mínima es amplia en todos los países. "Parece pesar más el objetivo de preservar los incentivos laborales ampliando la brecha entre la cuantía y la remuneración más baja que el de ofrecer una protección suficiente", apunta la AIReF.
Así, el país donde ambos valores están más cercanos es Luxemburgo, donde la renta mínima supone el 70 por ciento del salario mínimo. Pero en la mayoría de los países, sin embargo, la prestación no llega a la mitad del salario mínimo, situándose a la cola una muestra amplia de países del Este, con valores inferiores al 20 por ciento. Destaca el indicador correspondiente al Reino Unido, donde la cuantía de la prestación es, prácticamente, solo una cuarta parte del salario mínimo.
Reincorporación al mercado
Una de las características que detecta la AIReF en torno a estos programas en el conjunto de Europa es que las reformas efectuadas han ido dirigidas a mejorar la eficiencia y la eficacia de estos programas. Cabe destacar que el principal debate que surge en la aplicación es la conjugación de una medida que sea efectiva en términos de incidencia sobre la pobreza y un diseño financieramente asumible, más ante futuros shocks económicos adversos que pueden comprometer su viabilidad al tiempor que acrecenta la necesidad social de los mismos.
Así, en las últimas reformas en varios países europeos se ha búscado configurar instrumentos para impulsar un mayor número de transiciones desde el cobro de la prestación a la ocupación. Así, un último debate es si debería tenderse hacia sistemas más integrados o definir la última red a partir de la combinación de distintos programas específicos de garantía de ingresos y su compatibilidad con la actividad laboral.
Europa sí liga la renta asistencial al incremento de la inflación
Algo en lo que sí parece haber una línea predominante de actuación en el conjunto de los países de la Unión Europea es la referencia utilizada de revalorización de las pagas asistenciales para reducir la pobreza. Dos son las versiones predominantes: por un lado, hasta diez de los veintiocho países de la UE efectúan las actualizaciones con algún tipo de referencia al avance de los precios (inflación), y por otro lado, otros diez países aplican la actualización de las pagas sin un sistema formal. Es decir, estos últimos países fijan la cuantía de estas prestaciones en función de las decisiones políticas de cada momento.
De hecho, entre los 28, los únicos países que indiciar su renta mínima a un indicador de suficiencia son Italia y Polonia, donde se encuentra ligado a un umbral de necesidad. Además, otros tres países vinculan esta cuantía al nivel de las pensiones mínimas, no contributivas, y otros dos (Malta y Holanda) lo hacen respecto a la cuantía del salario mínimo de referencia del mercado laboral.
