La semana pasada, el PSOE y Unidos Podemos cerraron el acuerdo de Gobierno gracias al que la socialista Concha Andreu será la nueva presidenta de La Rioja. Así queda definitivamente cerrado el mapa de los ejecutivos autonómicos tras las elecciones del 26 de mayo, un campo de batalla en el que ya el Partido Popular y el PSOE están posicionando sus opuestas visiones de la política fiscal.
Así lo dejaron caer en sus programas electorales: mientras que los populares abogan por rebajas impositivas o incluso por abolir impuestos –con especial atención a Donaciones y Sucesiones–, los socialistas consideran que no es necesario remover demasiado el asunto, e incluso plantean subir tributos para las rentas más altas.
Esto es lo que planea hacer el nuevo gobierno riojano. Según el correspondiente acuerdo, el ejecutivo progresista recuperará el impuesto de Patrimonio de forma íntegra e incrementará el tipo del Impuesto sobre la Renta al 25% para rentas de más de 60.000 euros y al 27% a partir de 120.000 euros.
Además, al citado Impuesto de Sucesiones y Donaciones se le reducirá su actual deducción del 99% al 50% en los grupos I y II para bases liquidables de más de 400.000 euros.
Todo esto justo después de que Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, se comprometiera a ejecutar una de las mayores bajadas de impuestos de la historia regional. Con ella, Madrid pasará a tener el tipo máximo del IRPF más bajo –con un 44,3%– de las autonomías y el segundo tipo mínimo más bajo –con un 18,5%–, lo cual se traduce en 300 millones menos para las arcas públicas.
A esto hay que sumar la puesta en marcha de medidas similares en Andalucía tras la entrada de PP y Ciudadanos en la Junta, donde ya se han llevado a cabo bajadas en Sucesiones y Donaciones, en el tramo autonómico del IRPF y en Transmisiones.
Las regiones socialistas creen que no juegan con las mismas armas para llevar a cabo la guerra fiscal
Sin embargo, las regiones socialistas no están por esta labor. Consideran que no todas juegan con las mismas armas para llevar a cabo la guerra fiscal que propone Madrid, apuestan por mantener los impuestos y demandan que el Gobierno ponga un suelo impositivo del que no pueda bajar ninguna región, una propuesta de armonía fiscal que se encontraba en el argumentario tanto del PSOE como de Unidas Podemos durante la campaña electoral de los comicios generales.
"En aquellos impuestos en los que tenemos competencia normativa las comunidades autónomas, tiene que haber unos mínimos establecidos con carácter nacional para que nadie pueda tener la tentación de poder hacer dumping fiscal, algo que por ejemplo está ocurriendo con el impuesto de sucesiones", precisó el socialista José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha.
Más duro se ha mostrado el presidente de Asturias, Adrián Barbón, quien consideró la apuesta madrileña "una deslealtad y un ataque al espíritu de la Constitución. Con una mano, bajo la capacidad de recaudar ingresos en la Comunidad y con la otra, exijo al Estado que me de más dinero para compensarlo", en referencia a alas protestas de Madrid por no haber ingresado todavía más de 1.200 millones en materia de anticipos del Estado.
Y es que, haya guerra fiscal o no, parece que la política impositiva no podrá paliar el mayor problema de las regiones a corto plazo: un incremento del déficit y de la deuda por, precisamente, el impago de anticipos del Gobierno en funciones que les impedirán cumplir los objetivos de estabilidad.
