En pleno momento de auge del mercado de la vivienda, el sector alerta de la llegada de una leve ralentización en el cierre de operaciones a raíz del caos que se ha creado tras la sentencia del Supremo, que obliga a la banca a pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), un cargo que hasta ahora estaba asumiendo el cliente. Las reacciones no han tardado en llegar, y algunas entidades como CaixaBank e Ibercaja ni siquiera han esperado a la resolución que se adoptará el próximo 5 de noviembre para encarecer los créditos para la adquisición de la vivienda.
Tras una semana de incertidumbre desde que se diera a conocer la polémica sentencia, cuyas consecuencias están en el aire, hay en estos momentos más de 8.000 operaciones hipotecarias paralizadas en toda España, según las estimaciones de la Federación de Asociaciones de Agencias Inmobiliarias (FAI). "La incertidumbre generada ha supuesto que la banca haya aplazado muchas de las firmas de hipotecas comprometidas para los próximos días, más de un tercio de las previstas", apunta la presidenta de la organización, Nora García Donet.
Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers Internacional España, pone el foco en la vivienda de segunda mano, ya que considera que será este mercado el que recibirá un mayor impacto por la incertidumbre. "Hasta que se vea quien tiene que pagar, si la banca o el cliente, y también si tiene carácter retroactivo, seguramente habrá una ralentización nada sana ni buena en la concesión de préstamos para vivienda usada".
Con este marco, desde las firmas promotoras ponen en relieve lo poco acertada que ha sido la actuación del Supremo. "Más allá del efecto que tenga es poco acerada por cómo se ha hecho", apunta Juan Velayos, presidente de Neinor Homes, que cree que la sentencia ha generado "incertidumbre y distorsión y esto no es bueno. Deberían haber pensado mejor como hacerlo".
El directivo cree que el impacto que pueda tener esta decisión del Supremo en el sector, en caso de llegar, será en el muy corto plazo, si bien, a medio y largo plazo el efecto de esta sentencia será "inocuo", recalca. Así, apunta que en el caso de Neinor "estamos logrando cerrar igualmente las operaciones" y pone el énfasis en que "el problema es que tras lo que se decida el día cinco se pueda crear una distorsión del sistema hipotecario" y que se "desincentive a la banca para no dar hipotecas".
Según Alberto Segurado, director del área de asesoramiento de financiación de JLL, se puede dar un encarecimiento de unos 2.400 euros por operación, teniendo en cuenta una hipoteca media de unos 140.000 euros y un AJD máximo del 1,5%. El experto apunta que "si la entidad financiera tiene que pagar ese impuesto seguramente, en cierta medida, no se si todo o parte, se repercutirá en el cliente final".
Por este motivo, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Célere y de Asprima, cree que "comercialmente la sentencia no va a tener ningún impacto. Nos quedaremos como estamos ahora".
Nueva normativa en ciernes
Sin embargo, "con lo que estoy más preocupado es con la situación de las hipotecas. Tenemos la Ley Hipotecaria en ciernes y hay que ser conscientes de lo que ha representado la hipoteca en este país, ya que ha sido un instrumento financiero vital por el que millones de personas han podido y pueden acceder a la compra de una vivienda. Necesitamos movernos en un entorno estable y de seguridad, con una Ley Hipotecaria tiene que sea garante para todos", destaca Gómez Pintado.
Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, comparte la idea de que no se va a provocar una ralentización, "el sector esta en un muy buen momento, el interés por la compra ha vuelto y si se produce será por otra serie de motivos macroeconómicos", apunta la experta. Así, reconoce que esta situación "genera inseguridad y no es buena para el sector, ya que aleja la inversión y no solo del fondo extranjero, si no también del inversor medio español, que también ha apostado por la compra de vivienda en un contexto de tipo bajos para rentabilizar con el alquiler".
Metrovacesa: "No creemos que tenga consecuencias en el medio y largo plazo sobre la demanda de viviendas"
Rafael Gil, director del Servicio de Estudios de Tinsa, tampoco cree que la decisión "vaya a tener un impacto real en el número de compras de vivienda, ni suponga un encarecimiento sustancial del precio de la vivienda, más allá del periodo de incertidumbre actual hasta que se resuelva la cuestión". En la misma línea, Metrovacesa, apunta que "si bien la incertidumbre no es buena, tampoco creemos que este asunto vaya a tener consecuencias en el medio y largo plazo sobre la demanda de viviendas".
Por otro lado, el presidente de Habitat, Juan María Nin, cree que "sí puede tener cierto impacto, pero es algo de tipo coyuntural, ya que luego el mercado se estabiliza y recupera el ritmo de actividad".
Subrogación del préstamo
El presidente de Quabit, Félix Abánades, cree que la nueva sentencia del Supremo "va a incentivar a las entidades bancarias a conceder financiación de préstamo promotor porque el AJD lo paga la inmobiliaria y el comprador final queda exento", apunta el directivo. "Todo ello lo que va a hacer es incentivar la subrogación de los compradores en la hipoteca de la entidad que ha financiado la promoción. De este modo, las entidades van a incentivar la concesión de préstamos promotores para asegurarse más clientes finales a largo plazo", explica.
