Construcción Inmobiliario

Sacyr avanza en su demanda de 1.000 millones a Panamá por las obras del Canal

  • El tribunal admite que el proceso arbitral continúe
Manuel Manrique, presidente de Sacyr

Sacyr ha recibido un dictamen favorable del tribunal arbitral, que se sigue por las reglas Uncitral, que sostiene que las diferencias entre la compañía y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas de la infraestructura se pueden acoger al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de inversiones entre España y Panamá (Apri), lo que da pie a seguir con el proceso arbitral, tal y como la empresa española demandaba. Aunque desde Sacyr aseguran que aún no han cuantificado la reclamación, fuentes conocedoras del proceso consultadas por este diario señalan que la cifra superará los 1.000 millones de euros.

La decisión, favorable a Sacyr, permite que, superado este primer paso, pueda continuar el arbitraje y entrar en la fase en la que las partes tendrán que discutir sobre el fondo de las pretensiones económicas de Sacyr, así como sobre las demás defensas esgrimidas por Panamá. El arbitraje comenzó en 2018 y está relacionado con el trato dispensado a la inversión de Sacyr en relación con el contrato de ampliación del Canal de Panamá otorgado al consorcio GUPC del que es parte Sacyr.

Al margen de este arbitraje, Sacyr y sus socios mantienen vivo dos litigios con la ACP en Miami: el de las compuertas y sobrecostes laborales, por el que reclaman 780 millones de dólares (658 millones de euros); y el de los costes de interrupción por 2.970 millones de dólares (2.507 millones de euros). 

Garantías recuperadas

El pasado lunes, GUPC, participado también por WeBuild y Jan de Nul, anunció que había recuperado 250 millones de dólares (220 millones de euros) en garantías depositadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en las obras de ampliación del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.

Por el contrario, en 2020, GUPC recibió un revés judicial que le obligaba a devolver a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 240 millones de dólares (206 millones de euros) por la composición del basalto y la fórmula del hormigón en las obras de ampliación del canal.

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