Sacyr ha ganado la batalla judicial por el contrato de operación y mantenimiento de las dos plantas desaladoras de la ciudad de Alicante. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de GS Inima Environment y Construcciones Alpi contra la adjudicación efectuada por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, al grupo que preside Manuel Manrique, ratificando así la resolución que ya emitió en diciembre de 2019 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
Los hechos derivan del proceso de adjudicación del contrato de operación y mantenimiento de las plantas de desalinización Alicante I y II. En junio de 2019, el Taibilla adjudicó el citado contrato ala UTE (unión temporal de empresas) integrada por GS Inima y Construcciones Alpi tras presentar la mejor oferta. Previamente, y en régimen de concesión separada para cada una de las desaladoras, Inima gestionaba un de ellas -la otra lo hacía Acciona-.
En 2019, el TACRC dio la razón al impugnante, el Taibilla anuló la contratación a GS Inima y Alpi y adjudicó el proyecto a Sacyr Agua
Sin embargo, Sacyr, que había concurrido a la licitación pública a través de su filial Sacyr Agua, recurrió la adjudicación ante el TACRC, dependiente del Ministerio de Hacienda, al considerar que la oferta de la UTE ganadora debía ser excluida por incluir en el sobre 2, donde solo debía aparecer la documentación general, algunos detalles sobre su propuesta técnica, que correspondían al sobre 3, según avanzó entonces 'Alicante Plaza'. De este modo, el Taibilla obtenía "conocimiento, total o parcial, de la oferta del licitador por encontrarse incluido en él alguno de los datos que debieran figurar en el sobre de la proposición".
El TACRC dio la razón al impugnante, el Taibilla anuló la contratación a GS Inima y Alpi y adjudicó el proyecto a Sacyr Agua. Pero la UTE recurrió ante el mismo tribunal al considerar que la resolución primera no puede derivar en una nueva valoración del resto de las ofertas, sino que el procedimiento debía declararse nulo y arrancar desde su inicio.
A finales de 2019, el TACRC rechazó el recurso de GS Inima y Alpi y las empresas impugnaron esta resolución ante la Audiencia Nacional. Más de dos años después, y con Sacyr gestionando el contrato desde entonces, los jueces también han desestimado esta impugnación, como ya hiciera, la misma sala, en marzo de 2021 en el recurso contra la exclusión de las demandantes del concurso.
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