Nuevo capítulo en la pugna independentista que vive Cataluña. JxSí y la CUP han acordado que la ley de transitoriedad jurídica se apruebe antes del referéndum 1-O, salvando las diferencias que había sobre cuándo debía votarse en el pleno del Parlament la norma que diseña una transición de Cataluña del ordenamiento jurídico actual a uno catalán.
No obstante, si el referéndum se llega a celebrar y la Ley de Transitoriedad entrara en vigor, se plantea una pregunta de entre todas las que genera esta situación de incertidumbre: ¿qué impacto tendría la independencia en la cesión de los activos físicos que ahora son propiedad del Estado? El 'Govern' aduce que hay muchos parámetros que dependerán de la negociación que se realice con el Estado, pero hay un aspecto en el que los diversos estudios de académicos favorables a la independencia coinciden en que queda fuera de negociación y debería ser una cesión directa. Es el caso de los activos físicos del Estado ubicados en territorio catalán, cuyo valor aproximado asciende a más de 100.000 millones.
Otra de las incógnitas que se abre es la viabilidad económica de una Cataluña independiente, en la que el banco ING sitúa al hipotético estado independiente fuera de la eurozona y con lastres para la economía "durante años". La ruptura con España supondría caer en el "aislacionismo", con unos costes que augura proporcionalmente más elevados que los del Brexit, dado que se trata de un mercado con 7,5 millones de habitantes frente a otro con 65,6 millones.
No obstante, hay un conflicto que parece sí haberse resuelto. El laudo obligatorio de El Prat marca un punto de partida en la negociación colectiva y abre la puerta a subidas generalizadas en la seguridad privada de los centros estratégicos estatales. El árbitro del conflicto laboral de Eulen, Marcos Peña, ha reconocido expresamente que los nuevos trabajadores de los filtros de seguridad del aeropuerto catalán (aquellos que no reciben ningún plus) deben cobrar 200 euros más al mes, lo que implica una subida del 18%.
En cuanto a la situación de la banca, CaixaBank emitió esta semana 1.250 millones de euros en deuda non preferred, a un tipo de interés del 1,125 por ciento, y a un plazo de cinco años y cuatro meses.
