Los datos económicos que maneja Carles Puigdemont sobre una Cataluña independiente son un misterio. El Govern aduce que hay muchos parámetros que dependerán de la negociación que se realice con el Estado, pero hay un aspecto en el que los diversos estudios de académicos favorables a la independencia coinciden en que queda fuera de negociación y debería ser una cesión directa. Es el caso de los activos físicos del Estado ubicados en territorio catalán, cuyo valor aproximado asciende a más de 100.000 millones.
Esta cifra surge de la actualización, teniendo en cuenta la evolución de la inflación , de los datos recogidos en un informe de 2013 de la Fundación Josep Irla, vinculada a ERC. Se trata de un análisis económico del proceso de independencia que afirma que, según la Convención de Viena, este capital "debería pasar al Estado catalán sin ningún tipo de compensación por el criterio de territorialidad". Este valor corresponde a infraestructuras viarias, ferroviarias -los dos ámbitos de mayor peso-, portuarias, aeroportuarias, urbanas e hidráulicas, así como a activos vinculados a la sanidad pública, la educación pública, y otras Administraciones, con un valor total superior a los 80.000 millones de euros teniendo en cuenta su valor en 2005.
Solamente actualizando este cómputo según criterios de la evolución del IPC, ya supera los 104.000 millones, y posibles depreciaciones de activos en este tiempo se verían superadas por nuevas inversiones realizadas por el Estado desde entonces, como las del AVE Barcelona-Madrid-frontera francesa y las de la T1 del Aeropuerto de Barcelona, como ejemplos emblemáticos y multimillonarios.
El consejo asesor para la Transición Nacional también realizó un informe para la Generalitat en 2014 sobre la distribución de activos y pasivos en caso de independencia que defendía la misma premisa que el estudio de la Fundación Josep Irla: "En principio, todos los bienes públicos situados en el territorio secesionado pasan al Estado sucesor de forma directa y sin contraprestaciones, tal como establece el artículo 2.2.a de la Convención de Viena de 1983".
El consejo asesor añadía que, aunque la Convención no lo especifica, esto incluye todo tipo de activos y bienes de Estado como edificios, servicios y corporaciones públicas. Respecto a los bienes muebles, como vehículos, trenes y aviones de Estado, el consejo asesor defendía que "suelen transferirse al Estado del territorio donde prestan su servicio" para "garantizar la continuidad de los servicios públicos en ambos Estados. En principio, debería ser una transferencia automática y efectiva desde el momento de la sucesión de Estados".
Carreteras
En Cataluña hay 1.814 kilómetros de carreteras titularidad del Estado español. De ellos, 883 kilómetros corresponden a vías de gran capacidad, y también hay 931 kilómetros de carreteras convencionales propiedad de la Administración central. Aumar y Acesa, propiedad de Abertis, son las dos concesionarias que operan la autopista de peaje AP-7, que se extiende a lo largo de 463 kilómetros en territorio catalán. El Ministerio de Fomento ya ha avanzado que las autopistas que finalicen su concesión revertirán al Estado. Aumar, que gestiona la vía de pago entre Tarragona y Valencia, lo hará a finales de 2019, mientras que Acesa, operadora de tres tramos entre La Junquera y Tarragona, se enfrentará a este escenario en 2021.
La valoración de estas autopistas que exigirá Cataluña depende de parámetros como la inversión, el grado de amortización, los gastos de mantenimiento y operación y los tráficos. En el sector, como indicativo general, apuntan a que las vías de gran capacidad pueden tener un coste de unos 5 millones de euros por kilómetro, mientras que para las convencionales este importe baja hasta el entorno de 1 millón de euros. Esto arrojaría una cifra total superior a los 5.000 millones.
Ferrocarril
El Gobierno de España lleva cientos de años invirtiendo en mejorar la conectividad ferroviaria de Cataluña, que tiene 353 kilómetros de red de alta velocidad (desde Les Torres de Sauní hasta la frontera con Francia) y 1.198 kilómetros de red convencional. La inversión en las líneas del AVE que pasan por Cataluña superan los 6.450 millones de euros. A su vez Adif posee 230 estaciones de tren y Cercanías.
Puertos y aeropuertos
A pesar de que el Estado privatizó el 49% de Aena, la Generalitat reclama la propiedad de los aeropuertos de El Prat, Sabadell, Reus y Gerona. Según el ebitda de los mismos en 2014 y el valor en bolsa de Aena, el aeropuerto de la Ciudad Condal estaría valorado en unos 5.350 millones y el de la Costa Brava en algo más de 100 millones. Desde 1992, el Gobierno ha invertido en ampliar y reformar El Prat unos 3.346 millones. Los puertos de Barcelona y Tarragona también tienen titularidad estatal.
Infraestructuras hidráulicas
El Estado es titular de las centrales hidroeléctricas catalanas de más de 50 MW, aunque las tiene adjudicadas a empresas privadas en concesiones de 50 años. Según la proposición de ley de transitoriedad presentada por JxSí y la CUP, al menos durante el periodo intermedio hasta la aprobación de una Constitución Catalana -de alrededor de un año si gana el sí en el referéndum previsto para el 1 de octubre-, la Generalitat respetaría las condiciones de los contratos firmados por el Estado y todavía vigentes.
Hospitales
Pese a que la sanidad está transferida a las autonomías, el Estado conserva la propiedad de los edificios que albergan a algunos de los principales hospitales de España, y Cataluña no es una excepción, con ejemplos como el Vall d'Hebron de Barcelona. En 2011, la comisión bilateral Estado-Generalitat acordó el traspaso a Cataluña de la titularidad de 150 centros sanitarios, incluyendo ocho grandes hospitales y la sede del Institut Català de la Salut (ICS), pero el cambio de Ejecutivo central dejó el asunto aparcado y posteriormente descartado.
Activos del ejército
Cataluña ha ido perdiendo peso en el reparto territorial de las infraestructuras militares en España, con ejemplos como el cierre de los cuarteles del Gardeny en Lleida hace ya dos décadas, pero el reparto de estos activos no podrá ser directo, sino que debería ser proporcional, ya que se utilizan para una "función general" de defensa de todos los españoles, según el Consejo Asesor para la Transición Nacional.
Archivos y bases de datos
Según los mismos asesores, "en principio" el Estado predecesor ha de transferir "sin contraprestación" al Estado sucesor los archivos que le sean propios; los que hagan referencia explícita a su territorio, historia o población; los necesarios para el buen funcionamiento de sus instituciones y servicios públicos, y aquellos cuya autoría corresponda a un connacional del Estado sucesor. Esto incluye, a su parecer, bases de datos de Hacienda sobre contribuyentes, censos electorales, registro civil, registro de penados, archivos hospitalarios, policiales, de la Seguridad Social, de tráfico, y archivos históricos, entre otros.
1.080 edificios y solares estatales
Según datos de la dirección general de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, hay 1.080 edificios y parcelas del Estado en Cataluña valorados en más de 685,4 millones de euros. Casi la mitad del valor total corresponde a activos en la ciudad de Barcelona, y el valor contable tiene en cuenta el coste de adquisición más, si se da el caso, inversiones de mejora realizadas y amortizaciones.
En los casos en los que se desconocen esos datos, el Ministerio tiene en cuenta el valor catastral. En algunos de estos edificios y solares no se incluye el valor por falta también de la información catastral. Entre los activos que se incluyen en esta lista figuran dependencias de la Guardia Civil y Policía Nacional, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, edificios de la Administración Tributaria, bibliotecas, museos y Paradores Nacionales, entre otros, mientras que no se incluyen los espacios del Ejército español.
Como explica a 'elEconomista' el investigador de la Universidad de Essex Javier Santacruz, se trata de una valoración monetaria coherente con los datos ofrecidos por el Portal de la Transparencia, según el cual el patrimonio inmobiliario del Estado en territorio catalán asciende a 23 millones de metros cuadrados, incluyendo terreno rústico, edificios oficiales y empresas públicas. La cantidad supone el 15% del patrimonio del Estado e incide sobre todo en inmuebles del Ministerio de Defensa. A partir de datos de Tinsa, se puede estimar el metro cuadrado en 2.322 euros en Barcelona, 2.079 euros en Girona, 1.078 euros en Lleida y 1.380 en Tarragona.
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