Barcelona
El sector inmobiliario certifica que la valoración de solares y edificios de Barcelona acumula una disminución del 26% de media desde que hace dos años entró en vigor la norma que obliga a los constructores a destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda de promoción pública.
Constructores y promotores y agentes de la propiedad urbana aseguran que la política municipal de vivienda no ha supuesto ninguna mejora en el parque público de la ciudad, sino todo lo contrario, está incrementando los efectos negativos de unas normas que intensifican el grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto de una demanda creciente.
La modificación del Plan General Metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado promovida por el Ayuntamiento de Barcelona hace dos años prevé que las actuaciones edificatorias de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 600 m2 tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda de promoción pública de régimen general en venta o alquiler.
El sector denuncia que hasta ahora el ayuntamiento que lidera Ada Colau no se ha hecho públicos datos de solicitud de licencias de obra en Barcelona que incorporen la reserva del 30%. "Unos datos que entidades del sector hemos pedido en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de Barcelona, sin conseguir ninguna respuesta", explicaron en un comunicado.
Recuerdan que la medida se aprobó aludiendo a la necesidad de solventar emergencia habitacional en la ciudad y en un contexto de incremento de precios de venta y alquiler, pero reiteran que ello se hizo sin el consenso del sector y sin tener en cuenta que en Barcelona no se dispone de suelo.
En la nota, el sector señala que la memoria del documento de planeamiento de la modificación legislativa exponía que hay en suelo urbano consolidado 1.073 solares pendientes de edificación, de los cuales 187 son propiedad municipal, con capacidad por cerca de 7.000 viviendas, mayoritariamente de VPO, procedentes de cesiones de aprovechamiento de la ejecución en suelos urbanizables y urbanos no consolidados. Se trata de área de la ciudaed como la Marina del Prat Vermell y de los Cuarteles de San Andreu, que suman suelo para VPO por 60.000 m2, en manos del Ayuntamiento desde 2011 y todavía pendientes de edificar.
Otro de los nocivos efectos de la norma aprobada por el equipo de Ada Colau ha sido el freno que ha implicado para los proyectos de rehabilitación integral de edificios. Constructores y promotores aseguran que la rehabilitación deja de ser viable tanto para la propiedad vertical como para la horizontal; situación que preocupa especialmente a los administradores de fincas.
El suelo metropolitano
El sector pone sobre la mesa la problemática que ha generado la norma porque además de distorsionar la relación entre la oferta y la demanda, constata la ausencia de políticas públicas muy diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen.
Y sugieren que, según datos del Plan Territorial Sectorial de vivienda, el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas de protección oficial: movilizar estas reservas es imprescindible para incrementar la oferta de vivienda asequible.
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