Cataluña

El Govern pide un informe para aclarar el "itinerario legal" si se inhabilita a Torra

  • El Ejecutivo quiere esclarecer las atribuciones que tendría la persona que pudiera relevarle
  • Advierte de que una eventual inhabilitación enturbia la mesa de diálogo con el Estado
La portavoz del Govern, Meritxell Budó. LUIS MORENO
Barcelona

El Govern ha encargado un informe al gabinete jurídico para aclarar "los mecanismos y el itinerario legal" que deben seguir si el Tribunal Supremo (TS) inhabilita al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado que quieren abordar estos aspectos y otros, como saber cómo se formalizaría un eventual cese del presidente de la Generalitat y las atribuciones que tendría la persona que le sustituya.

Pese a todo, en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Budó ha reiterado que no dan por hecha la inhabilitación de Torra: "Nos parecería gravísimo inhabilitar a un presidente de la Generalitat por defender la libertad de expresión".

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha avisado de que la eventual inhabilitación no ayudaría a que se convocara la mesa de diálogo y a la resolución del conflicto entre Cataluña y el resto de España.

"Una posible inhabilitación del presidente Torra tampoco ayuda demasiado a la aceleración de la mesa de diálogo. No sería un elemento facilitador ni del diálogo ni de la resolución del conflicto, porque seguimos judicializando el conflicto político en vez de resolverlo por la vía del diálogo", ha manifestado.

También ha insistido en que el orden del día de esta mesa de diálogo debe incluir la posibilidad de hablar del ejercicio del derecho a la autodeterminación y de una ley de amnistía para los presos independentistas.

Declaración en el TSJC

El presidente de la Generalitat está citado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el segundo juicio por desobediencia abierto contra el jefe del Ejecutivo por haber mantenido la pancarta a favor de los presos políticos y exiliados en el balcón del Palau de la Generalitat.

Sobre el presidente ya recae una sentencia previa del Alto Tribunal con una pena de inhabilitación de año y medio para el ejercicio de cargos electos y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por autoridad, por "su contumaz y obstinada resistencia" a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones municipales de marzo del 2019. El Tribunal Supremo debe emitir en los próximos días o semanas su dictamen para corroborar o desestimar la pena.

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