Mejor Imposible

Esta semana hemos conocido el resultado del déficit público para todo el conjunto de 2013 y el dato del 6,6 por ciento del PIB cuando el objetivo era el 6,5 no está mal. Tal y como dijo Montoro en una comparecencia pública, “no muera usted por la décima”. Sin lugar a dudas es así. Pero parece que no preocupa algo que se mira mucho desde Europa y poco en España y que se llama el déficit primario, que es el que mide la diferencia entre ingresos y gastos pero excluyendo la devolución de la deuda y sus intereses. Es decir, que se gasta más de lo que se tiene y eso está en contradicción con la teoría preelectoral de Montoro de que se pueden bajar los impuestos. Además, hay que descubrir –lo que no es nada difícil- dónde está el motivo de esa déficit y atajarlo. Como bien es sabido el déficit se origina en el desorbitado gasto de nuestras administraciones públicas que multiplican por 17 una misma gestión y a lo que no se le quiere poner solución, porque es poco electoral. Pues ese déficit primario es el peligro y al que hay que poner soluciones.

Las compañías de teléfono son unos maestros en premiar la deslealtad. Han creado toda una cultura por la cual si dejas de ser leal a una empresa te lo premia la de al lado y, además, te lo premia fuertemente. Vodafone prepara una campaña de captación de clientes, una vez que se ha hecho con ONO por 7.500 millones de euros, con ofertas inimaginables hasta ahora. Obviamente para aumentar clientes necesita quitárselos a otros, en este caso, será especialmente a Movistar. Los dos titanes de la comunicación lucharán por robarse el uno al otro a sus usuarios. Mientras tanto los abonados se dejarán querer y aprenderán de la falta de lealtad de sus proveedores. Y con todo este maremágnum se demuestra que efectivamente los precios son abusivos y que se pueden mejorar considerablemente y que algunos empresarios se ganan su fama a pulso.

Todo apunta a que se prepara para los próximos meses una revolución fiscal. De nuevo y, como parece más justo, los impuestos indirectos toman el protagonismo sobre los impuestos directos. Es decir, se grava el consumo, con el IVA y los impuestos especiales, y se reduce presión sobre los impuestos provenientes de las rentas de trabajo. Es normal que quien más consuma más pague, dentro de unos tipos impositivos normales, y que no se penalicen las rentas de trabajo. Parece normal. Sin embargo, cuando llegó el PP al poder no hicieron eso, ahora de nuevo volvemos a estas otras fórmulas. Es claro que no existe la posibilidad de hacer una planificación fiscal, no digo ya a niveles mercantiles, sino a niveles familiares. Aquella situación a la que se sometió a la población española, ahora parece que se le quiere aliviar algo. El nivel de ingresos para el Estado tendrá que seguir siendo similar y por eso parece que lo que hicieron en su día, ahora será de otra manera. Es posible que el Ejecutivo de Rajoy cuente con un aumento del consumo y del empleo que supongan un incremento de los ingresos con los que compensar las pérdidas por un IRPF más bajo, no se sabe bien, pero lo que sí se sabe es que así es muy difícil planificar tanto las empresas, como los profesionales, como las familias. España no se merece una fiscalidad electoralista.

La Comisión Europea nos ha dado un fuerte espaldarazo esta semana al señalar que España por fin sale de los países en riesgo. Eso influye decisivamente también en la economía nacional, pues podrían empezar las empresas a realizar nuevas inversiones. Para ello es necesario que los Bancos empiecen a financiar proyectos y que las empresas no quieran hacer limpieza de sus cuentas a costa de las nuevas medidas que el Gobierno adoptará en las próximas semanas. Pero, efectivamente, la noticia es buena y es que quedan atrás los tiempos en que el riesgo era muy alto. No cabe duda de que hay que seguir avanzando en los deberes emprendidos y que el empleo y la deuda son dos de los asuntos que el Gobierno no puede perder de vista. Y ahora se hace necesario tomar medidas que cambien problemas estructurales, como son el de la reforma de la administración del Estado y el de nuestro sistema autonómico. En fin, no nos podemos dormir en los laureles.