El temor ante nuevos escándalos de espionaje que salpiquen a BBVA y al que fue su presidente de honor, Francisco González (FG), en las próximas semanas fue uno de los detonantes de su renuncia repentina el pasado jueves, 18 horas antes de la celebración de la junta de accionistas del banco, según informan fuentes de toda solvencia. González llevaba resistiéndose más de dos meses en su cargo, a pesar de las presiones ejercidas por los reguladores y el sector financiero para que abandonar la entidad de manera definitiva.
No se descarta que en breve se descubra algunos contratos por parte de la entidad para que Villarejo investigara a otros empresarios. Así, por ejemplo, destaca la figuta del que fuera el presidente de Colonial, Luis Portillo. Un audio, al que ha tenido acceso este diario, recoge una conversación mantenida entre el expolicía José Manuel Villarejo, el responsable del servicio jurídico de BBVA para España y Portugal, José Manuel García Crespo, y dos abogados del despacho Simmons & Simmons en la que se insinua un encargo para examinar el patrimonio del promotor andaluz. El excomisario preguntaba a García Crespo la razón por la que la entidad perseguía espiar a Portillo, a lo que el jurídico aseguraba que había dejado una deuda de en torno a cien millones de euros al banco.
La salida de González, hay que tener en cuenta, que se ha producido además tan sólo un día después de que se conociera que BBVA se había servido de los trabajos del exinspector para hacer una vigilancia en 2009 al constructor Fernando Martín por una deuda con la entidad de entre 80 y 125 millones.
Sin embargo, a pesar de la amenaza de nuevos escándalos que sigan minando la reputación del banco, González no dice 'adiós' sino 'hasta luego'. El banquero de Chantada remitió este jueves una misiva a su sucesor, Carlos Torres, asegurando que dejaba sus cargos en el banco y en la Fundación de manera temporal, hasta que se resolviera la investigación del caso Villarejo.
La Audiencia Nacional tiene dos piezas secretas abiertas al banco, una por la trama de espionaje a Sacyr llevada a cabo entre 2004 y 2005, y otra por la investigación a la asociación de consumidores Ausbanc en 2012. El magistrado Manuel García-Castellón ya ha reconocido en la pieza principal -el caso Tándem, que investiga todas las presuntas actividades irregulares del excomisario- que está ante una causa compleja. Esto podría llevarle a ampliar la instrucción durante años. Lo que significa, que el 'hasta pronto' de González puede no tener un retorno temprano.
Denuncias
Además, cabe destacar que la pieza que investiga el supuesto espionaje a Sacyr es reciente, se abrió en enero, y aún pueden sumarse nuevos perjudicados a la causa. Hasta ahora, el primero en interponer una denuncia contra el banco y el excomisario, fue Luis del Rivero. El expresidente de Sacyr interpuso acciones en febrero junto a dos exdirectivos de la entidad, Vicente Benedito y José Domingo de Ampuero, por intromisión en su intimidad. Los tres, presuntamente, sufrieron intervenciones telefónicas entre 2004 y 2005. Además, en el caso de Del Rivero, también hubo seguimientos a su persona, según se desprende de la documentación que el excomisario guardaba y que ahora analiza la Audiencia Nacional.
Del mismo modo, el que fue jefe de la Oficina Económica de La Moncloa durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, también presentó un escrito al juez para personarse en la causa como perjudicado por el espionaje que sufrió. Finalmente, el pasado jueves, el que fue vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas, presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra el banco, contra su entonces presidente ejecutivo, Francisco González, contra el exjefe de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano y contra Villarejo.
El juez ya tiene puesta la lupa sobre Francisco González desde el pasado mes de febrero. El magistrado ya reflejó en un escrito que ha solicitado toda la información sobre el incendio de la Torre Windsor de Madrid en febrero de 2005, por si pudiera tener relación con el caso de espionaje contratado por el banco, y apuntó a que busca esclarecer el papel de FG en la contratación del exinspector.
El banco ha pagado, al menos, 9,5 millones de euros a Villarejo desde 2004 a 2017. Medio millón fue por el caso de Sacyr, al menos otros cuatro millones, por el espionaje a Fernando Martín, y finalmente, otros cinco millones, por la investigación a Ausbanc. En esta última trama, los pagos fueron espaciados en el tiempo, y el último que la entidad remitió fue en 2017, año en el que el excomisario fue encarcelado.
