A la banca no le dolerá pasar página de 2016. Arrancó con la ilusión de haber dejado atrás siete años de apuros para limpiar sus atascados balances del ladrillo y recapitalizarse -solo la factura por saneamientos excede los 300.000 millones de euros desde 2012-, sin sospechar el puñado de reveses que se avecinaban a cargo de fallos judiciales, de la política expansiva monetaria del Banco Central Europeo (BCE) e, incluso, derivados de avatares políticos internacionales.
Pero la alegría de dejar atrás 2016 le durará poco, ya que los primeros compases de este 2017 están marcados por la devolución de las cláusulas suelo y el reto de blindar su solvencia y recuperar los márgenes después del desplome del crédito y el cobro de los intereses.
Y es que, después de la puntilla dada por el Tribunal del Luxemburgo (TJUE), que obliga a las entidades a devolver en su integridad el dinero cobrado de más en hipotecas donde se consideren abusivas sus cláusulas suelo y no solo hasta 2013 como dictaminó el Supremo, la entidades están pendientes del Código de Buenas Prácticas que el Ejecutivo quiere aprobar para evitar los tribunales y agilizar, así, la devolución del dinero.
El Gobierno de Mariano Rajoy tenía previsto que el código viera la luz el último viernes del año, pero el PSOE se ha opuesto, ya que quiere que sea de obligado cumplimiento y no voluntario, como propone el PP. La decisión final se trasladó finalmente a este mes de enero.
El Banco de España ha estimado en más de 4.000 millones de euros la repercusión de las cláusulas suelo. Gran parte ya está provisionado, pero no los hasta 2.500 millones del dinero cobrado por los topes antes de 2013 y cuya demanda valida el TJUE. El impacto se agrava al coincidir con la entrada del euríbor en negativo por vez primera en la historia, erosionando su combinación, de forma acelerada, los escuálidos márgenes cuando el mercado exige rentabilidades del 8-10% y el sector no llega al 6-7%.
De junio a junio la banca vio fulminado un 20% de los ingresos financieros con esa letal unión, junto al menor maná de plusvalías por venta de deuda. Un carry trade, tan provechoso en plena crisis, en fase de agotamiento como también el abaratamiento de los depósitos, dejan pocas alternativas: reducir costes y recaudar más por comisiones.
Y es que, la política de tipos bajos abrió este 2016 el debate sobre el cobro de comisiones y la guerra de precios en créditos -hasta el Banco de España reguló para sofocarlo-, más penalizaciones para agilizar la venta del inmuebles y otra oleada de ajustes. En este punto, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de subir los tipos de interés abre una ventana de esperanza a la banca europea, que espera que el Banco Central Europeo (BCE) haga lo propio y los suba también. Esa medida supondría un gran alivio para las entidades financieras, ya que conseguirían dar la vuelta a su cuenta de resultados, muy golpeados por la crisis.
El marco exterior tampoco ayudó: la devaluación de divisas por la desaceleración económica golpeó el balance y las incertidumbres sobre el triunfo del Brexit, incluso, movieron a Santander y a Sabadell a moderar sus objetivos de negocio.
Los retos de Banco Popular
En el plano corporativo, 2016 se recordará como el año en el que se desató una guerra interna en el seno de Banco Popular, aún sin culminar, que puso fin a la presidencia de Ángel Ron tras 12 años al frente del banco. Un golpe de mando tras no apaciguarse los ánimos con el relevo de su número dos y tras reducir un 20% oficinas y plantilla -a inicio de año, compraba, en cambio, las tarjetas de Barclays-. Este 2017 entra el ya exviceprediente de JP Morgan, Emilio Saracho, con un programa para vender el ladrillo y la duda de si mantendrá el banco independiente o lo fusionará.
Saracho se estrena al frente de la entidad con el reto de limpiar el balance de activos inmobiliarios, ampliar capital y recuperar la credibilidad del mercado. Lo prioritario es descargar el balance lo antes posible del 28% de activos improductivos. Dentro de ese saneamiento, Popular proyecta la creación de un banco malo, se ha marcado dos años para recortar en 15.000 millones los activos problemáticos y es posible que tenga que aumentar las provisiones
Por su parte. Isidro Fainé, otro histórico, cedió a Jordi Gual la presidencia en CaixaBank recibida en 2007 de Ricard Fornesa, para liderar la Fundación, además de Gas Natural, al tiempo que dejaba los cargos en Repsol. Y cumplió el anhelo de años de encauzar la toma de control del portugués BPI, tras una lucha difícil con la angoleña Isabel Do Santos. También tuvieron que elegir entre la fundación o el banco el resto de presidentes de antiguas cajas de ahorros.
El Gobierno amplía en dos años el plazo máximo para privatizar BMN y Bankia, cuya fusión también analiza, hasta 2020 y 2019. Y entre otros muchos movimientos, el Santander deshace dos alianzas: renuncia a vender el negocio de custodia a Warburg Pincus y, tras fracasar el intento de fusión de su gestora con Unicredit, recompra el 50 por ciento que no controla a Warburg Pincus y General Atlantic. El Sabadell relanza el negocio adquirido en Reino Unido con la franquicia TSB y saldrá de Portugal.
