Madrid
BBVA y Sabadell dejan atrás una semana de alto voltaje y se estudian cuidadosamente desde lejos, a la espera de que el adversario mueva la próxima ficha. Tras la decisión del Gobierno de vetar la fusión entre los dos bancos durante tres años, prorrogables a dos adicionales, la patata caliente está ahora en manos del vasco, que tendrá que dirimir si sigue con su puja por el vallesano o si tira la toalla tras casi 14 meses de batalla. Pero en su análisis tiene la vista puesta en el Sabadell, que busca cerrar cuanto antes la venta de la filial británica TSB como parte de su estrategia defensiva contra la opa. A su vez, la entidad presidida por Josep Oliu tampoco quiere desvelar sus cartas primero y antes de cerrar la cesión de su negocio británico busca conocer la postura de su rival ante el veredicto del Ejecutivo. Si BBVA retira la opa, Sabadell tendría menor presión para deshacerse de TSB y podría tomarse más tiempo para analizar potenciales ofertas o, incluso, replantearse la venta. A la espera de que el otro dispare, los dos bancos se miran de reojo y evitan dar pistas al enemigo.
Torres se enfrenta a una decisión compleja. El número uno de BBVA dijo la semana pasada que, según su interpretación de la ley, el margen de maniobra del Ejecutivo en la transacción era únicamente para ablandar los compromisos establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, el pasado martes la sorpresa fue amarga. Apelándose a la defensa de los riesgos de interés general detectados, Moncloa estableció que cada entidad tendrá que preservar su personalidad jurídica, patrimonio separado, y autonomía en la gestión.
El grupo vasco ya había tenido en cuenta un posible escenario sin fusión. Pero el largo plazo impuesto por el Gobierno en el que se exige la independencia de los bancos, entre tres y cinco años, pone en duda una parte de las sinergias, o, por lo menos, las retrasaría. Inicialmente, cifró el ahorro de costes de la operación en 850 millones de euros: 100 millones los economizaría por abaratar las emisiones de deuda del vallesano, 300 millones en inferiores gastos laborales y el grueso de la partida restante en tecnología, fusionando las plataformas informáticas.
El fallo del Gobierno no impide la integración de las plataformas tecnológicas, aunque la prohibición de realizar un ERE como resultado de la transacción podría estropear las sinergias que BBVA había estimado en recortes de personal. Fuentes financieras apuntaron a que BBVA calculaba alrededor de 2.500 bajas. En el caso de que la entidad no desista, se espera que actualice el cálculo de las sinergias para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las incorpore en su folleto. Eso sí, la no fusión le permitiría ahorrarse los 1.450 millones previstos en costes de reestructuración.
Desde el martes, BBVA está analizando la decisión del Gobierno y, de momento, no ha descartado ni dar marcha atrás ni recurrir el dictamen al Tribunal Supremo. Torres parece inclinarse hacia seguir adelante y está sondeando a los inversores para comprobar que aún respalden la oferta al Sabadell, según informó Bloomberg. Pero hay otro frente abierto que el banco vasco no puede controlar: la posible venta de TSB por parte de Sabadell. Esta operación permitiría al vallesano duplicar su capacidad de remuneración al accionista -ahora mismo tiene previsto retribuirle 1.300 millones este año vía dividendos y recompras- e incrementaría la presión sobre BBVA para que suba el precio de la opa, sobre todo frente a una prima que siga siendo negativa y que resta atractivo a la operación.
La incógnita de TSB
Barclays y Santander serían los finalistas en la contienda por TSB, según fuentes financieras. La venta de la filial deberá ser aprobada en una junta de accionistas por el deber de pasividad con el que tiene que cumplir Sabadell al ser objeto de una opa. Una cita que tiene que ser convocada con 30 días de antelación, con lo cual, si BBVA no da marcha atrás y el vallesano pretende cerrar la venta en el marco de la opa, tendrá que evaluar las eventuales ofertas a contrarreloj. Pero antes de volcarse en este proceso, desde Sabadell están igualmente expectantes de ver cómo evaluará su adversario la resolución del Gobierno.
El grupo vasco esperaba concluir la opa entre seis y ocho meses, pero durante el camino se ha tropezado con varios obstáculos. Hasta finales de abril, el banco estuvo comprometido en una larga negociación con Competencia para acordar los remedies a la operación: tuvo que poner sobre la mesa hasta seis propuestas para conseguir la luz verde por parte del organismo presidido por Cani Fernández.
Además, a principios de año Sabadell sorprendió al anunciar el retorno de su sede a Cataluña, siete años después de moverla a Alicante en pleno procés. En plena opa, la jugada fue maestra: el traslado de la sede contribuye a reforzar aún más los vínculos emocionales entre la entidad y los accionistas minoritarios, que se lo podrían plantear dos veces antes de sumarse al proyecto de BBVA. El camino ha sido cuesta arriba, pero si Torres no desiste, la opa se aproxima a su recta final.