El apoyo de Pere Soler, próximo a Junts, en el último momentoal dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la compra de Sabadell por parte de BBVA permitió al organismo cerrar filas y presentar una aprobación por unanimidad que ha causado desconcierto. En círculos empresariales y políticos catalanes contrarios a la opa, incluso en el vallesano, se esperaba que pusiese reparos y los dejase en evidencia con la emisión de un voto particular a la resolución del organismo, según había trasladado el partido liderado por Carles Puigdemont en las últimas semanas.
La presidenta del organismo, Cani Fernández, quería un respaldo sin fisuras para operación que, además del carácter bursátil hostil por el rechazo previo del consejo de administración Sabadell, ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por el Gobierno y ha recibido un fuerte rechazo en ámbitos políticos y empresariales en Cataluña, y en numerosas patronales y organizaciones de empresas y pymes en el resto del país.
El apoyo de Soler llega cuando BBVA acepta reforzar las garantías sobre el crédito a las pymes en Cataluña. Tras meses de negociaciones con Competencia el banco había asumido que mantendría el circulante (crédito a menos de un año) a las pymes de Sabadell y el resto de la financiación a medio y largo plazo solo a aquellas que obtuviesen todo su crédito de BBVA y/o Sabadell. Es decir, cubría a solo el 5% de las pymes clientes de Sabadell y al 99% del crédito que tienen concedido, según las cuotas de mercado de Inmark. La razón es que las pymes trabajan habitualmente con entre 3 y 5 bancos, de forma que las que concentran todo su crédito en una sola entidad son mínimas y muy pequeñas.
Ante las reticencias que afloran en la Sala de Competencia en sus reuniones de esta semana, el grupo vasco extiende la garantía y compromete toda la financiación si el cliente pyme recibe el 85% de BBVA/y Sabadell -su protección previa exigía que dependiesen al 100% de ambas entidades-. En el test de mercado, el vallesano reclamó bajar dicho umbral al 20% e incluir los autónomos para garantizar una protección efectiva.
No se llegará a tanto pero BBVA aún tendrá que realizar otra cesión: bajar la cobertura para aquellas pymes que obtengan el 50% de ambos bancos o uno de ellos en comunidades autónomas donde el futuro grupo alcance un 30% de cuota de mercado, y la fusión haya reforzado esa posición en un 10% mínimo. Y esta será la llave que desbloquea el voto favorable de Pere Soler porque va dirigida exclusivamente a garantizar las cuotas más altas de financiación a las pymes de Cataluña, además de en las Islas Baleares.
El voto particular, que podría haber sido incluso de múltiples vocales como se estimó en algún momento, no hubiese impedido aprobar la resolución si sale una mayoría simple entre los cinco miembros de la Sala de Competencia del organismo -la presidenta Cani Fernández y cuatro vocales-, pero hubiese puesto en evidencia las discrepancias internas y podría haberse convertido en la muleta para que el Gobierno lleve la operación al Consejo de Ministros y agregue nuevas condiciones.
Abogado de formación, el que fuera director general de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum del 1-O, ha ejercido entre otros cargos de alta responsabilidad la dirección general de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) que ha rechazado la opa de plano por el riesgo que entraña, sobre todo, para el crédito a pymes, y volvió a hacerlo ayer mismo.
El visto bueno de Competencia no será efectivo hasta que supere el trámite del Gobierno. Una vez reciba la resolución, el Ministerio de Economía dispondrá de 15 días para darle o no traslado al Consejo de Ministros, que contará con otros 30 días hábiles para analizar la operación y determinar si ajusta los remedies -puede añadir nuevas condiciones, suavizar el veredicto de la CNMC o avalarlo-. La ley establece que no podrá pronunciarse sobre riesgos de competencia -ya analizados por la CNMC- pero sí "de interés general", entre los que cita a título de ejemplo, la seguridad nacional, la protección del medioambiente o la promoción de la innovación. La normativa fija que cualquier medida que adopte "deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia" y antes de establecerla "podrá solicitar informe a la CNMC".
El Gobierno se ha opuesto a la transacción desde el inicio invocando riesgos como la cohesión territorial o la exclusión financiera. Los remedies aceptado por BBVA incluyen el mantenimiento de sucursales en zonas vulnerables, por falta de otras sucursales o los bajos ingresos de su población, que buscaría sofocar estos últimos temores.
En círculos empresariales denuncian que la pérdida de un jugador especializado en empresas implica una merma en la disposición de la financiación, sobre todo para pymes y autónomos, que sí perjudicaría la cohesión territorial porque dañaría especialmente a regiones como Cataluña, Valencia o Asturias donde subirá mucho la cuota del grupo fusionado. También hablan de un revés para el bien común si se cercena la capacidad de obtener préstamo en mejores condiciones para las pymes, que representan el 98% del tejido productivo del país.
BBVA estaría dispuesto a hacer una penúltima y clave cesión para ganarse el favor del Gobierno y superar ese eventual escollo: mantener al banco vallesano como filial con sede en Cataluña, según fuentes conocedoras. Un gesto así ahorraría la difícil tarea de volver a sacar la sede de una región que alberga el gran caladero de votos del PSOE de Pedro Sánchez y donde gobierna un Salvador Illa que no quiere ni oír hablar de esa mudanza bancaria.
Al mantener al banco vallesano autónomo se ahorraría unos 150 millones del nuevo impuesto a la banca, ya que su nueva formulación establece tasas crecientes y aplicaría la más gravosa, del 7%, a todos los ingresos de Sabadell al superar la barrera de los 5.000 millones. Ahora bien, BBVA lanzó la opa formulando que le reportaría 850 millones en sinergias y un 3,5% en aumento del beneficio por acción bajo el escenario de fusión. La entidad asegura que las cuentas le siguen saliendo porque el grueso de las sinergias será en ahorros en tecnología.
Sabadell ha exigido en múltiples ocasiones que desglose sus cifras, que cuestiona. La no fusión eleva el consumo de capital desde 30 a 62 puntos de CET1, hará complicado un ahorro de 300 millones en personal si mantiene ambos servicios centrales -según algunos cálculos tendría que suprimir 4.000 puestos de trabajo- y si achatarra la plataforma informática de Sabadell tendría que amortizar su valor, fijado en 900 millones unos.