La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de llevar a un examen exhaustivo la compra de Banco Sabadell por parte de BBVA (Fase II) está muy cerca de abrir la compuerta a que el Gobierno, contrario a la opa, busque abortarla con condiciones inasumibles. Con la normativa en la mano, el organismo que preside Cani Fernández tiene por delante tres meses reglados para escuchar al Sabadell y a terceros que considere "con interés legítimo" y resolver -el calendario es ampliable cada vez que solicite información o en negociación porque se para el reloj-.
Cuando finalice dicho proceso sus opciones son tasadas: archiva el expediente, prohíbe la operación (poco probable) o la autoriza. Si la prohíbe o su plácet llega acompañado de compromisos (los ofrece BBVA y los valida CNMC) o con condiciones (imposiciones del organismo), su resolución no será eficaz hasta que pase por el Ministerio de Economía, cuya oposición a la operación es pública desde el mismo día que BBVA lanzó la opa. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estará capacitado entonces para elevar el asunto al Consejo de Ministros y modular los requisitos de Competencia. También podría apoyarla con silencio administrativo, dejando que la resolución de la CNMC sea ejecutiva transcurrido el plazo reglamentario, si bien esta última opción hoy parece inviable.
¿Podría la CNMC aprobar la operación sin condiciones o imposiciones (remedies) y que no entre el Ejecutivo? Se antoja un escenario también remoto si no imposible. Cani avanzó antes siquiera de poder mirar los primeros números que la transacción tendría que encarar condiciones como lo han hecho otras fusiones bancarias que, sin embargo, nunca han ido a Fase II. Incluso la unión de Liberbank a Unicaja se cerró con compromisos y el propio BBVA ha ido poniendo sobre la mesa diferentes cesiones: mantener la liquidez a las pymes durante doce meses, no dejar sin sucursal localidades o fijar un centro corporativo en Cataluña del nuevo grupo, entre otras...
¿Puede Economía entrar a juzgar riesgos de Competencia? No, como tampoco lo hizo el Banco Central Europeo (BCE). El supervisor bancario validó la transacción ya que es probada la solvencia de ambas entidades y su maridaje no entrañaría riesgo alguno para la estabilidad financiera. Al Gobierno le queda invocar criterios "de otra índole (como la seguridad nacional, la protección del medioambiente o la promoción de la innovación, por ejemplo)". La cita procede de la web de la CNMC. El artículo 60 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia establece de forma más genérica que cualquier medida que se apruebe en el Consejo de Ministros "deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia" y que antes de fijarlas "se podrá solicitar informe a la CNMC".
Cuerpo afirmaba esta semana en entrevista en RNE que "hay distintos elementos" que "preocupan" al Ejecutivo y citaba: "Elementos relacionados con el impacto de ese exceso de concentración, tanto para los propios clientes financieros como en materia de inclusión financiera, el impacto también en materia de empleo, el impacto en materia de cohesión territorial, de crédito o de financiación de nuestras pymes".
¿Qué medidas podría, entonces, fijar para paliar dichos riesgos? "El abanico es infinito e imprevisible", explica a elEconomista.es un experto jurídico. BBVA ha elevado el tono después de la decisión de la CNMC para dejar claro que solo seguirá adelante si no se compromete el valor de una opa que, según defiende, tendría ventajas para todos. "No dudaremos ni un segundo en retirarnos", avisó su consejero delegado, Onur Genç.
Al otro lado, Sabadell niega que el precio ofrecido recoja su potencial y alerta de grandes daños a las pymes. Fue el primero en personarse en el proceso tras abrirse la Fase II pero el elenco de potenciales terceros que la CNMC pueda validar como "con interés legítimo" es susceptible de ser largo (asociaciones de accionistas, consumidores, empresarios...). Competencia pedirá además un informe técnico a las comunidades autónomas "en las que la concentración incida de forma significativa". El Ejecutivo del PP de Valencia rechazó la opa y la Generalitat catalana está liderada por el PSOE, partido del Gobierno, con el apoyo de los partidos catalanes, contrarios a la operación.
