El Gobierno no puede meterse en temas de competencia, pero sí podría ajustar los "remedies" fijados por la CNMC en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell e, incluso, dilatar el proceso. Cuando la Dirección de Competencia de la CNMC finalice sus trabajos propondrá una determinada actuación a la Sala de Competencia, que tendrá que aprobar el dictamen pudiendo influir en el mismo.
Si el organismo autoriza la transacción con los compromisos ofrecidos por BBVA o con condiciones adicionales tendrá que dar traslado del expediente al Ministerio de Economía -el único supuesto que no requeriría tal consulta sería una autorización "limpia" o sin "remedies", algo descartado dado que ya juzgó insuficiente la oferta inicial de BBVA por los riesgos que entraña en el crédito y los TPVs-.
El Ministerio de Economía dispondrá de 15 días hábiles para decidir si lo eleva al Consejo de Ministros, que contará a su vez con otros 30 días y podría ajustar los "remedies", quitando o añadiendo condiciones. Si el ministerio no se pronuncia o no lo eleva al Consejo de Ministro se entenderá aprobado por silencio administrativo.
Pero el Gobierno ha rechazado desde el principio la opa e insistido en que no autorizará la fusión con la que BBVA proyecta cosechar 850 millones de euros en sinergias. No puede alegar problemas de competencia para poner obstáculos, al ser el campo de la CNMC, pero el mismo Pedro Sánchez ya ha señalado la importancia de preservar otros intereses como la "cohesión territorial".
Según el artículo 60 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia, cualquier medida que se apruebe en el Consejo de Ministros "deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia" y que antes de fijarlas "se podrá solicitar informe a la CNMC".
BBVA está confiado en que el Gobierno no jugará esta carta alegando que no hay precedentes, pero el Ejecutivo es contrario a la transacción. Sabadell ha argumentado que su desaparición perjudicará claramente a las pymes porque necesitan hasta 4-5 proveedores especializados, que son los existentes (ambos bancos, junto a Santander y CaixaBank).
Si el Gobierno estima que su merma, que impactaría sobre todo en Cataluña y Valencia, deteriora la "cohesión territorial" podría emprender un análisis donde solicite informes o consulte a las diferentes partes parando el reloj de los 30 días y dilatando en el tiempo la resolución final, con independencia de que añada o no condiciones.
