El Santander acelera el saneamiento de su balance. Ha completado la venta de casi 200 millones de euros en REOs (inmuebles adjudicados tras el proceso de ejecución hipotecaria) al fondo KKR en el denominado proyecto "Frankel" y ha adjudicado la cartera "Simoncelli", con 105 millones de euros en créditos dudosos sin garantía o unsecured, a PRA Iberia, perteneciente al grupo noruego del mismo nombre, que adquirió Aktiv Kapital Collections.
En lo que va de año, el grupo cántabro suma traspasos de deuda problemática por más de 1.400 millones en valor nominal. La entidad adjudicó recientemente también préstamos fallidos por valor de 1.100 millones de euros en el bautizado como "Proyecto Spirit" a Gescobro (Cerberus) y Axactor. Esta cartera integraba colas hipotecarias (deuda que sigue viva tras adjudicar el inmueble que sirve de garantía), segundas hipotecas y créditos personales y de pymes.
El Santander ha sido una de las entidades más activas en la colocación de activos dañados en los últimos años, sobre todo después de que se adjudicase en el año 2017 el Banco Popular, y ha realizado operaciones similares en diferentes filiales.
Entre las últimas transacciones, su filial portuguesa colocó a finales del pasado año un porfolio de inmuebles por 86 millones, denominado "Proyecto Guadiana", a Arrow, inversor europeo perteneciente a Whitestar Asset Solutions; y la entidad de España asignó otra cartera al suizo LynxCap, bautizada como "Smooth Project". Pocos meses antes había enajenado también una cartera de créditos de casi 400 millones, que se adjudicó Axactor, y transfirió a Morgan Stanley y el fondo Ellington otra de hipotecarios por un nominal de 700 millones.
Un estudio de Atlas Insight Assets Management cifra en 63.699 millones los activos tóxicos que aún mantienen los bancos en España después de que se hayan desprendido de activos por valor nominal de 16.456 millones el pasado año. Solo en los últimos tres ejercicios y conforme a sus cálculos, el Santander lideraría el ejercicio de limpieza, al haber logrado sacar de balance 7.178 millones de euros; seguido por CaixaBank, con 5.229 millones, y Sareb con 3.500 millones.
Para optimizar la gestión del ladrillo, el banco ha renovado recientemente también el contrato que tenía operativo con Intrum (antes Aktua), firmado con una duración de 10 años y que le vencía en 2022, logrando un ahorro en las comisiones de entre el 25%-30%, según fuentes del mercado.
Además ha reactivado las negociaciones para vender el servicer Diglo a doValue (antes Altamira), con la que estuvo cerca de cerrar un acuerdo el pasado mes de marzo, y mantiene una estrecha relación, ya que administra activos del banco con un contrato que vencerá en 2025. Su objetivo sería lograr también un ahorro de entre el 25 y 30% en las comisiones de gestión.
El ratio de morosidad del grupo se situaba al cierre del pasado mes de marzo en el 3,05%, con provisiones que cubren en un 68% los activos dañados, muy inferior al 6,21% que llegó a tener la filial española cuando absorbió el Popular, con una tasa entonces de cobertura limitada al 45%.
En términos de activos adjudicados y según sus balances cerrados de 2022, la entidad contaba con una exposición en inmuebles adjudicados por un valor bruto de 6.422 millones de euros. Los activos dañados disponen de provisiones constituidas por 3.451 millones, lo que deja un resultado neto o valor contable de 2.971 millones en activos adjudicados. Por tipo, el 62,89% correspondía a terrenos y el resto se repartía entre edificios terminados (1.456 millones) y en construcción (92 millones). Apenas un 5,69% eran viviendas con un valor de 366 millones.
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