Los bancos españoles tendrán que asumir entorno a 1.000 millones de euros de forma conjunta en provisiones por adherirse al Código de Buenas Prácticas negociado con el Gobierno para ayudar a las familias que tengan problemas para afrontar el pago de sus hipotecas por la subida del euríbor, según informan fuentes financieras a elEconomista.es. Los alivios para los hipotecados actúan en varias líneas y dependiendo de la operación que se lleve a cabo supondrá un mayor o menor coste en dotaciones para la entidad pertinente.
De un lado, para los hogares más vulnerables (rentas inferiores a 25.200 euros) y que el coste de la hipoteca le suponga más del 50% de los ingresos, las ayudas permiten carencias de pago de cinco años (con la probabilidad de solicitar otros cinco años más) y ampliación de la vida del préstamo por hasta siete años. Estas reestructuraciones supondrá que los bancos tendrán que reclasificar de forma automática el préstamo en mora o, según el argot financiero, en stage 3, con las respectivas provisiones para cubrir el riesgo.
Además, el Código de Buenas Prácticas añade nuevas excepciones para ayudar a familias que no cumplen todos los requisitos de vulnerabilidad pero sí el nivel de renta y a parte se añaden alivios para hogares con rentas medias por debajo de los 29.400 euros. Las operaciones para estos últimos dos segmentos, según las negociaciones alcanzadas entre el Gobierno y las entidades, no exigirán a los bancos clasificar los préstamos en stage 3, pero sí en stage 2 o vigilancia especial, es decir, que tienen probabilidad de acabar siendo morosos. Las entidades, en este escenario, también tienen que provisionar las hipotecas aunque el volumen será inferior que si estuvieran clasificadas en mora, explican las fuentes consultadas.
Así, entre ambos escenarios, el de morosidad y el de vigilancia especial, las entidades tendrán que asumir unas provisiones de cara al próximo año de entorno a los mil millones de euros. La previsión del sector financiero es que una de cada cinco familias hipotecadas en la actualidad se acojan a estos alivios, es decir, el 20% de las hipotecas. Un volumen que apunta a reestructurar crédito por unos 106.000 millones de euros.
La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, apuntó ayer que los costes en forma de provisiones para aplicar estas ayudas serán "relevantes" y añadió que además habrá "costes operativos" para poder implementar los acuerdos. No obstante tachó el pacto de "equilibrado".
A éste último respecto, según apuntan otras fuentes, el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Economía, encabezado por Nadia Calviño, ha esquivado las pretensiones de Unidas Podemos (especialmente manifestadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz) que perseguían que las ayudas fuesen permanentes. Es decir, que todo hogar que tenga una renta inferior a 29.400 euros pueda acceder a esos alivios si contrata la hipoteca a futuro. Sin embargo, finalmente, las entidades no están obligadas a adherirse al Código por más de un año.
Golpe a las ganancias
Además de las medidas para ayudar a los hipotecados, la banca afronta también de cara a 2023 el nuevo tributo aprobado por el Congreso que gravará con un tipo del 4,8% sus ingresos (margen de intereses más comisiones), siempre y cuando la entidad facturara más de 800 millones de euros antes de la pandemia, en 2019.
Con estas dos nuevas cargas sobre la espalda, el beneficio de la banca apunta a verse mermado de cara al próximo año, incluso en un 50%, según señalan fuentes financieras. Una reducción de las ganancias podría acabar impactando también en el dividendo, ya que habrá entidades que decidan eliminarlo (especialmente en un momento en el que tendrán que retener capital ante la ralentización económica) o rebajar el pay-out (porcentaje de las ganancias que se reparten entre los accionistas). Los bancos más afectados serán aquellos con menos diversificación geográfica, es decir, que tengan el grueso del negocio en España como CaixaBank, Bankinter o Unicaja.
El Gobierno ha articulado esta nueva tasa bajo el argumento de que las entidades obtendrán "beneficios extraordinarios" por la subida de los tipos de interés. Sin embargo, los supervisores, tanto el Banco Central Europeo (BCE), como la Autoridad Bancaria Europea (EBA) dudan de que realmente el sector vaya a tener ganancias extraordinarias ante el empeoramiento económico y la inflación que se saldará con mayor morosidad y, por tanto, provisiones.
Adhesión al Código
Los consejos de administración del Santander y de BBVA estudiarán en los próximos días su adhesión al Código de Buenas Prácticas, según comentaron este lunes el consejero delegado de Santander España, António Simões, y su homólogo en BBVA, Onur Genç, durante sus intervenciones en el XIII Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión. CaixaBank, Sabadell y Unicaja ya han confirmado su unión, mientras que Ibercaja aseguró la semana pasada que tiene la intención de sumarse. Se espera que el grueso de entidades se unan, como dejaron vislumbrar la semana pasada. Los bancos tienen un plazo de un mes desde el pasado 24 de noviembre para comunicar por escrito su adhesión al Código, que se hará pública en la página web de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. El organismo podrá abrir nuevos períodos de adhesión para las entidades que reconsideren su decisión inicial.
