El euríbor dejará en situación frágil el 22% de la deuda corporativa

La mayor preocupación en el mundo empresarial se focaliza en pymes y autónomos por su menor margen de maniobra y por arrastrar aún, en muchos casos, dificultades sin resolver de la concatenación de crisis por la pandemia del Covid, con las tensiones de precios y ahora también los tipos, junto a la expiración en junio de las carencias en el repago del principal en créditos avalados por el ICO. A foto fija y conforme a datos del Banco de España, un 14,1% de toda la deuda corporativa tenía en 2021 detrás a negocios vulnerables. Según sus cálculos, una subida de tipos en 300 puntos básicos, elevará esa cuota al 21,9% al entrar más compañías en estrés y podría escalar al 23,4% si el BCE determina llevar los tipos al 4% para corregir la inflación.

Esta presión, que no incluye en su formulación el resto de factores tensores (energía, problemas de abastecimiento, etc), amenaza además el empleo. Las compañías vulnerables copan un 9,1% de las plantillas totales y esa cuota subiría al 10,7% con un interés al 3%.

En términos globales y para la generalidad de las empresas el coste para repagar sus deudas es, sin embargo, confortable y está situado en el 11,6%, de acuerdo a los mismos estudios. Pero esa carga aumentará a una horquilla entre el 1,9% y 5,6% con las subidas de tipos que se descuenta. Dado lo inédito del escenario, ningún experto se atreve a realizar muchos pronósticos de morosidades y la banca asegura no apreciar aún indicios de impagos significativos. Apelan además a que los tipos siguen casi históricamente bajos y las compañías están acostumbradas a gestionar con financiaciones más costosas.

Desde Funcas, la economista senior, María Jesús Fernández, subraya que no es una crisis al uso. "Se asemeja más a la crisis de la pandemia que a la crisis financiera del 2008. En la pandemia la causa fue el virus, que afectó, por supuesto, al conjunto de la economía, pero cuyo impacto era en una serie de actividades concretas que se verían perjudicadas mientras durase ese efecto y que además era totalmente exógeno a la economía, no como en 2008", explica.

"Todo dependerá de cuánto duren los precios altos del gas, y además es que no sabemos cuál va a ser el nivel en el que se estabilice una vez que acabe todo, cuando terminen las tensiones en el mercado energético o la guerra", refiere.

El apalancamiento de partida es óptimo. La deuda total de las empresas supone una cuantía equivalente al 102,7% del PIB, alejado del 140,8% con que cogió al sector productivo el crash y la recesión anterior y mejora, incluso, el parámetro del 111,7% medio de Europa. "Habrá empresas que no podrán asumir el pago de las cuotas de sus créditos y que, por lo tanto, entrarán en morosidad con lo que eso puede implicar, incluyendo el tener que cerrar el negocio", explica José Emilio Bosca, profesor de la Universidad de Valencia e investigador de Fedea. Sin embargo, también recuerda que se acaba de poner en marcha una ley concursal que puede dar soluciones y, por tanto, viabilidad a negocios.

En el anterior sistema las compañías tardaban tanto en llegar para evitar ser estigmatizados que, cuando lo hacían su situación eran crítica y la mayoría eran liquidadas. El nuevo régimen pone las tintas en solucionar problemas en fase preconcursal. "Es malo que alguien, sea un familiar o empresa, deje de pagar, no es tan malo si al final puedes llegar a una solución que permite, en una transición y aligerando las cargas de la deuda durante un tiempo, que se recuperen y puedan ser solventes a medio y largo plazo", infiere.

Clave: trasladar precios

Uno de los factores críticos en el tsunami en que ya se encuentra el tejido productivo y que se agravará en los próximos meses es si son capaces o no de trasladar las subidas de precios y costes que están encajando. Aquí el peor escenario se presenta, a ojos de los banqueros, para las empresas de menor tamaño y autónomos dado su menor margen de maniobra.

Y en este colectivo son aún más sensibles las actividades pequeñas que dependen de clientes que son grandes corporaciones, con alta capacidad para imponer sus precios ya que pueden llevarse los pedidos o contratos al mejor postor.

La lupa está puesta en estos momentos en negocios de compañías y autónomos que han buscado recurso a los avales del ICO durante la pandemia para transitar los apuros de las restricciones impuestas para frenar contagios, sobre todo, porque en junio se acabó el plazo para no tener que pagar por el principal del préstamo. También están bajo foco los negocios que arrastran problemas por esas limitaciones o no han recuperado su actividad pre-Covid y, especialmente, aquellos que soportan elevadas facturas al dispararse la factura de la energía.

Sin embargo, la crisis es inédita y con una evolución incierta por factores imposibles de gestionar ni adivinar como la evolución de la guerra abierta por Rusia en Ucrania y que perjudica al precio energético y al de un amplio catálogo de alimentos básicos, sin entrar en sus derivaciones de una escalada bélica superior. Con la subida de tipos es previsible (y esperable) que se frene el consumo y al listado de negocios perjudicados entrarán posiblemente negocios muy dependientes de esa demanda interna.

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