El gravamen a la banca que pretende imponer el Gobierno central y que este martes se debate en el Congreso de los Diputados contraerá en 5.000 millones de euros la economía (4 décimas del PIB) y reducirá el empleo en 72.000 puestos, según las conclusiones del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que presentó este lunes un informe sobre la adecuación a la Constitución y al Derecho Comunitario de la tasa.
El Ejecutivo anunció este verano la intención de aplicar un tipo del 4,8% a los ingresos (margen de intereses más comisiones) de la banca, siempre que facturaran en 2019 (antes del Covid) más de 800 millones de euros. Sánchez pretende recaudar así, y aprovechando los mayores ingresos que el Ejecutivo prevé para el sector por la subida de tipos de interés, unos 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024. El objetivo es ayudar a la economía ante la inflación y la guerra de Rusia y Ucrania.
Sin embargo, los principales banqueros y expertos, ya han asegurado que el gravamen puede reducir en 50.000 millones de euros el crédito bancario y por tanto la capacidad para financiar la economía, especialmente en un momento en el que ya se habla de una pronta recesión por el alza de tipos.
El informe presentado por el IEE añade además que este gravamen podría ser "inconstitucional". Entre otros motivos esgrime que existe un fraude de Ley en la tramitación de la norma como Proposición de Ley, ya que mediante este procedimiento se elude la consulta pública así como los informes del Banco de España y la CNMC, a los que el proyecto les asigna funciones que no les son propias. Asimismo, señala que, a pesar de que el Gobierno lo vende como un "gravamen" a los bancos, "es en realidad un impuesto", ya que se revisa y se gestiona como tal y se ingresa en el Tesoro para financiar el gasto público.
El estudio señala que la tasa tiene "muy graves" problemas desde el punto de vista constitucional, ya que vulnera el principio de seguridad jurídica por su retroactividad y también los principios tributarios de generalidad, igualdad y capacidad económica. Y, además de abrir varias dudas como por qué el Ejecutivo pone en 800 millones el umbral de los bancos a los que cobrar o por qué las CCAA no van a recibir nada, apunta a que crea una desventaja competitiva sobre las filiales extranjeras en España, que no tendrán que asumir esta tasa.
