Madrid
Los dos partidos con presencia en el Gobierno, Psoe y Unidas Podemos, presentan este martes ante el Congreso de los Diputados la proposición de ley para aplicar dos nuevos tributos sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y de las entidades financiera españolas.
Esta iniciativa, registrada a finales de junio por ambos partidos, pretende gravar a las grandes empresas del sector energético con un 1,2% en sus ventas y aplicar un tipo del 4,8% sobre las comisiones e ingresos netos de las entidades financieras.
El inicio del curso político empieza con fuerza en la Cámara Baja tras las vacaciones veraniegas. Los socialistas y sus socios quieren aprovechar este primer pleno para tratar estas nuevas cargas fiscales lo antes posible, a sabiendas de la negativa de la oposición a esta idea.
Por tanto, para poder sacar adelante esta proposición de ley, el Partido Socialista y Unidas Podemos esperan poder contar con el apoyo tanto de los nacionalistas vascos del PNV como de EH Bildu. Esto no será tarea fácil debido a los regímenes fiscales propios de Navarra y País Vasco, que chocan con la "prestación patrimonial pública no tributaria" incluida en el borrador del texto legislativo.
De esta forma, se tendrá que negociar la posibilidad de que las haciendas regionales de ambas comunidades puedan gestionar esta medida, lo que habilitaría una mayoría suficiente que para admitir a consideración esta iniciativa.
"Trampas" legales
La pasada semana, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, acusó al Gobierno de "hacer trampas" al presentar esta medida como proposición de ley en vez de como proyecto de ley, evitando así la obligación de obtener informes técnicos de los órganos consultivos de expertos en la materia.
Desde Ciudadanos, hicieron llegar a la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, una carta en la que le piden un informe sobre este impuesto, al que consideran "arbitrario". Desde la formación naranja esperan que la entidad tome cartas en el asunto intentado que el BCE "actúe de oficio" en este asunto.
El nuevo tributo sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero también afectaría a los beneficios extraordinarios obtenidos el presente ejercicio. El Ejecutivo espera recaudar con este gravamen 7.000 millones de euros en los dos próximos años. Las cuentas del Ministerio de Hacienda pasan por recaudar unos 2.000 millones cada año del sector energético y unos 1.500 millones del bancario.
¿A quiénes afectaría?
La tasa destinada a las energéticas afectará a eléctricas, gasistas y petroleras con ingresos brutos superiores a los 1.000 millones de euros, tomando como referencia los resultados del año 2019. Hablamos de Repsol, Iberdrola, Naturgy, Endesa, EDP, Acciona Energía, Cepsa, Disa, Galp o Audax Renovables, entre otras. Quedarán exentas aquellas compañías que tengan negocio en el sector energético, pero que su facturación no alcance al 50%.
En el caso de la banca, se gravará la suma de los intereses netos (intereses cobrados menos los pagados) y de las comisiones netas (comisiones cobradas menos las pagadas). Tendrán que cumplir con el impuesto las entidades financieras que superen los 800 millones de euros en sus cifras de negocio, umbral que excluirá a las entidades de mediano y pequeño tamaño.
La proposición de ley prohíbe que las compañías repercutan sus costes al consumidor final. La CNMC será el encargado de supervisar que esto no ocurra y, en el caso de la banca, contará también con el apoyo técnico del Banco de España. En concreto, la norma fija una sanción en caso de infracción equivalente al 150% del importe repercutido y trasladado al cliente.
