El Gobierno está dispuesto a pegarse un tiro en el pie. El nuevo impuesto anunciado por Pedro Sánchez la semana pasada y que gravará los beneficios de los bancos españoles penalizará, según distintas fuentes de mercado y analistas, el capital de las entidades y, por ende, también su retribución. El Estado cuenta, a través del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), con un 16,1% del capital de CaixaBank. Solo por la vía del dividendo cobrará unos 720 millones de euros con cargo a los ejercicios 2022 y 2023, donde está incluida ya una posible retribución extraordinaria por parte de la entidad y que provendría del exceso de capital y que, ahora, la nueva tasa, ha puesto en riesgo. Esta cantidad es prácticamente la misma que ingresaría a través del impuestazo, que se calcula en unos 750-800 millones de euros, teniendo en cuenta que CaixaBank sería el banco más afectado.
Si se alarga el periodo un año más, hasta 2024, el Estado percibiría cerca de 1.150 millones de euros en dividendos de la firma catalana en los tres ejercicios que durará su Plan Estratégico, de 2022 a 2024.
La entidad que capitanea Gonzalo Gortázar se ha comprometido a distribuir entre sus accionistas 9.000 millones de euros los tres próximos años entre dividendos en efectivo, recompra de acciones -ha anunciado un programa de 1.800 millones que está en vigor- y el posible exceso de capital que distribuirá también entre sus accionistas, según anunció el banco en mayo.
Las previsiones apuntan a que el Estado ingresará unos 340 millones de euros este año y 383 millones el siguiente entre dividendo ordinario (calculado sobre una ratio de payout media del 55%, siguiendo la guía lanzada por la entidad del 50%-60%) y un posible abono extra que resultaría de distribuir entre los accionistas del orden de 700 a 800 millones de euros por año, que es el excedente que supera el 12% de capital CET1 fully loaded. Los analistas consideran que la firma catalana situará su capital de primer nivel sobre el 12,35% los próximos años, aunque todavía no han incluido en sus cálculos la nueva fiscalidad anunciada por Moncloa, básicamente porque se desconocen todos los detalles.
Otra opción para el Estado sería rentabilizar al máximo su participación en la entidad, básicamente, dejando de lado el tarifazo para no sembrar incertidumbre jurídica en el sector financiero y dejar que éste beba ahora los vientos de la subida de tipos, tras once años de vacas flacas. Ayer el Banco Central Europeo (BCE) anunció la subida de 50 puntos básicos sobre la tasa de depósito, llevándola al 0%. Esto supone aumentar el margen de intereses de los seis bancos cotizados en casi 1.500 millones de euros con un decalaje de 12 a 24 meses, que es el mismo importe al que aspira el Ejecutivo por año, los dos próximos.
Aprovechando este viento de cola, CaixaBank estaría más cerca de volver a tocar el precio objetivo que marca para ella el consenso de mercado. A doce meses vista está en los 3,89 euros por acción, lo que haría aumentar el valor de la participación del 16,1% del Frob en casi 1.300 millones, lo que representa un 62% más -o 500 millones por encima- de lo que aspira a recaudar a través de la nueva tasa.
Caixa, la entidad más afectada
Este viernes Nadia Calviño y los presidentes de los bancos españoles -como Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Goirigolzarri (CaixaBank), Pedro Guerrero (Bankinter) o Josep Oliu (Sabadell)- se reunirán a media mañana para discutir el nuevo impuesto anunciado por el Ejecutivo para el sector financiero. Fuentes del sector aseguran ir "a ciegas" al encuentro e, incluso, dudan de quién será el representante que acudirá de algunas entidades, aunque, a priori, han sido llamados los primeros espadas de cada banco.
A falta de información concreta sobre la nueva tasa, fuentes financieras se han lanzado a especular sobre a qué partidas se aplicará este impuesto, ya que la opción que cobra más fuerza es que sea sobre la línea de ingresos -comisiones y margen de intereses-, aunque también se baraja que se realice a través de un porcentaje en relación al volumen de activos. En todo caso, CaixaBank figura siempre como la entidad más penalizada por el impuesto anunciado del Gobierno sobre los resultados de 2022 y 2023 teniendo en cuenta su exposición al mercado doméstico, con la mayor cuota de mercado en crédito -del 27% tras la absorción de Bankia el año pasado-.
Con la rumorología disparada, el Gobierno solo ha marcado en rojo el objetivo de recaudación a dos años vista: 3.000 millones de euros, a razón de 1.500 millones por año. CaixaBank aportaría 800 millones a ese total, casi un tercio, según las primeras hipótesis que hablan, como otra posibilidad, de gravar a cada entidad según el volumen de activos. Los analistas de Bloomberg Intelligence apuntan a esta teoría en la que CaixaBank tiene muchas papeletas para ser quien pague las cuentas de Moncloa. Estiman que supondrá para la entidad catalana un 10% de su beneficio previo a impuestos el primer año y el 9% el segundo.
El Gobierno parece haber obviado el hecho de que cualquier penalización al sector le afecta de manera directa a tenor de su participación, que está lejos, por cierto, de rentabilizar desde su entrada en el rescate de Bankia. Su valor a precios de mercado asciende a 4.275 millones de euros . Ayer, tras la decisión del BCE, sus acciones subieron un 2% y están a un 1% de recuperarse del impacto del tarifazo.
De Guindos, sobre el impuesto
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, se mostró ayer cauto al ser preguntando por el impuesto anunciado por el Gobierno al desconocer cómo se articulará. Sin embargo, adelantó que, en el pasado, la opinión del organismo sobre tributos a la banca es que no debe impedir el crecimiento del crédito, hay que evitar que endurezca las condiciones de financiación y "no debería dañar la solvencia de la industria bancaria".
