Los sindicatos UGT y CCOO urgieron este martes a la CEOE que regrese a la mesa de negociación para actualizar los salarios de los trabajadores con el coste de la vida, sugiriendo que las empresas tienen hucha para evitar que sus empleados pierdan poder adquisitivo con la galopante inflación.
"Las empresas tienen un excedente acumulado de 210.000 millones desde 2015 que si no van a salarios podrían ir a otro sitio", indicó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante unas jornadas organizadas por la Apie en la UIMP en colaboración con BBVA.
"No puede ser que los salarios sean los únicos pagados de este sistema de inflación", secundó en el mismo foro el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien alertó de que no garantizar el poder adquisitivo supone un riesgo para la propia economía si acaba pasando factura con una retracción del consumo.
Ambos dirigentes sindicales avisaron además a la CEOE de una explosión de conflictividad si no se aborda el problema. "Si vamos a una nueva depresión de los salarios el país pasará dificultades enormes de gestión social, de gestión política y de gestión económica", alertó Sordo.
"En septiembre va a haber más razones para sentarse porque la conflictividad en nuestro país va a crecer: O hay acuerdo con CEOE o hay conflictividad. No hay ninguna posibilidad de que vayamos a firmar los convenios a la baja y no van a estar toda la vida sin cerrarse, sin llegar a un acuerdo. La conflictividad está servida si no somos capaces de encontrar ese marco de acuerdo", agregó Álvarez.
La ruptura de la negociación tuvo lugar ante la negativa frontal de la CEOE a ligar la mejora salarial con la evolución del IPC con el argumento de que es inasumible para las empresas, sobre todo pymes, y provocará los temidos efectos de segunda ronda.
UGT y CCOO han propuesto a la patronal aumentar entorno al 3,5% los salarios con cláusulas de revisión salarial a final de año para compensar el exceso de aumento de la inflación sobre esa horquilla. Los líderes de ambos sindicatos negaron que vaya a producir efectos de segunda ronda, al demorarse el incremento sobre IPC a 2023 y pudiendo cargarse contra el excedente acumulado citado.
Sordo y Álvarez coincidieron en que el Gobierno no tiene rol alguno de mediador en esta materia porque es responsabilidad de los agentes sociales llegar al acuerdo, aunque sugirieron que podría actuar si los salarios no se actualiza de otra forma. El líder de CCOO agregó que no sería eficiente entre otras cosas porque una falta de convencimiento de los agentes sociales convertiría en inaplicable cualquier acuerdo por no defender su traslado a los convenios.
Impuesto a las eléctricas
Durante su intervención valoraron además positivamente la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de subir un 10% el impuesto de sociedades a las grandes eléctricas, aunque estimaron que se queda "corta". "No estamos en beneficios legítimos sino de usura y frente a la usura el Gobierno tiene la obligación de actuar", reclamó Álvarez, en alusión al resultado generado por el sistema de cálculo de precio de la energía y no por los costes incurridos.
Para encarar esta situación y poner coto a los elevados precios de la electricidad, estimó que "España más pronto que tarde tendrá que tener una empresa nacional de producción de energía porque es lo que nos va liberar de esta dictadura de las eléctricas".
El líder de CCOO consideró "más adecuado" una reforma fiscal "integral", mirando muy bien la "letra pequeña". Abogó de forma expresa por fijar un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 15% en el resultado contable -teniendo en cuenta bonificaciones y exenciones para evitar que su recurso merme la tasa fiscal-.
"Las grandes empresas que facturan más pagan un tipo de sociedades que no llega al 5% y no es soportable, no es tolerable. Y esto podría provocar una recaudación del en torno de 5.000, 6.000, 7.000 millones adicionales que creo que este país necesita", abundó.
