El empresario mexicano Antonio del Valle, dueño del 4,28% del Banco Popular antes de su caída, tenía preparados 1.500 millones de euros para cubrir el 50% de una ampliación de capital del banco, una vez cayera la acción de la entidad, según informan fuentes conocedoras de la operación a este diario. Del Valle ya admitió en su demanda de arbitraje contra España por el fin de la entidad que Deutsche Bank recomendó, en mayo de 2017, que el Popular realizase una ampliación de capital por 3.000 millones de euros.
El mexicano aseguró entonces que, junto con el empresario chileno Andrónico Luksic, podría cubrir la mitad de la operación, es decir, esos 1.500 millones de euros. Según las mismas fuentes, el objetivo de Del Valle era tumbar el valor del grupo financiero para después entrar en la ampliación, haciéndose con un control relevante de la entidad.
Cabe destacar que el empresario mexicano está imputado en la investigación penal que instruye la Audiencia Nacional por la caída del banco, por el presunto delito de manipulación del mercado. El magistrado que abrió la causa, Fernando Andreu (ahora la instruye José Luis Calama) señaló en uno de sus autos que en el seno del banco hubo "maniobras especulativas orquestadas por el propio presidente del consejo, el señor (Emilio) Saracho y Antonio del Valle, accionista líder del grupo mexicano con una participación del 4,287% [...] dirigidas a hacer bajar el valor de la acción de la entidad en beneficio propio".
Las mismas fuentes apuntan a que Del Valle formaba parte del grupo hostil dentro del banco que precipitó la salida del expresidente Ángel Ron, ante la oposición a su gestión y motivó la entrada de su sucesor, Emilio Saracho, cuyo objetivo era, según ha reconocido esta semana ante el magistrado de la Audiencia Nacional, vender el banco o ampliar capital.
Filtraciones desde el consejo
El juez Calama y el fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, que tomaron declaración a Saracho el pasado miércoles y jueves, centraron parte de su interrogatorio en conocer si hubo filtraciones desde dentro del banco para perjudicar el valor de la entidad y si las comunicaciones públicas que se realizaron antes de la caída del grupo financiero se hicieron coincidir en el tiempo para crear la tormenta perfecta. El propio Saracho admitió que hubo filtraciones a la prensa desde dentro de su consejo de administración, aunque negó haberlas hecho él y conocer quién fue el autor.
De hecho, el banquero dijo que confiaba en su consejo de administración, porque hubo informaciones más duras, como las misivas que remitía el Banco de España mostrando su preocupación por la entidad y no se filtraron.
Asimismo, preguntado por si no hubo otra posibilidad para manejar los tiempos de las comunicaciones negativas sobre el banco para evitar desestabilizar aún más la entidad y la fuga de depósitos que estaba conllevando, el exbanquero aseguró que no y achacó la cadena de acontecimientos negativos a la ley de Murphy, enunciado cuya máxima es "si algo puede salir mal, saldrá mal".
No obstantes, fuentes judiciales aseguran que el juez le espetó a Saracho que contrastaría su versión sobre las filtraciones que se dieron desde el seno de la entidad y cómo se comunicaron los hechos negativos del banco en la toma de declaraciones a los entonces miembros del consejo.
Cadena de malas noticias
El cúmulo de comunicaciones perjudiciales que desestabilizaron el banco avivando la salida de fondos fue la publicación el 3 de abril de un Hecho Relevante que informó sobre la necesidad de reexpresar (corregir) las cuentas de 2016, ante un desfase de 633 millones, lo que tumbó un 5% al banco en bolsa esa jornada. Además, ese mismo día comunicó la marcha del consejero delegado, Pedro Larena. Tan solo siete días más tarde, el 10 de abril, Saracho anunció inesperadamente ante la junta de accionistas que el banco debía venderse o realizar una macroampliación de capital, incrementando el pánico entre los depositantes. Ese mismo día, presuntamente, el consejo de administración del banco filtró información a la prensa sobre que la venta ya estaba en marcha.
Todas estas circunstancias, junto con la entrevista que la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, dio a Bloomberg en mayo de 2017, asegurando que tenían al Popular bajo la lupa, provocaron una fuga de depósitos entre abril y junio de ese año de más de 16.100 millones de euros.
Del Valle reconoció en el documento de arbitraje que la entonces cúpula del banco conocía que la decisión de informar del ajuste de los resultados de 2016 de cara a la junta de accionistas podría "desestabilizar el mercado y conducir a una fuga de fondos".
Por otro lado, el empresario, que pide al Gobierno una compensación "justa" por la caída del banco, más las costas, reprocha al Ejecutivo que no inyectó capital público para salvar la entidad, como sí hizo en otros bancos (pone el ejemplo de Bankia) durante la crisis financiera.
