"La vivienda deja de ser un bien de lujo y se convierte en un derecho. Política útil para la mayoría". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebraba hace ya dos años la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso de los Diputados. La norma, que nació con la vocación de mejorar el acceso a la vivienda, ha transformado profundamente el mercado residencial, pero en el sentido contrario al deseado: la oferta de alquiler permanente se ha reducido, la demanda ha aumentado y el precio de las rentas ha alcanzado máximos históricos. Los efectos de la ley son especialmente adversos en los territorios en los que se han declarado zonas de mercado residencial tensionado.

El Gobierno presiona a las comunidades autónomas para que apliquen una de sus medidas estrella en materia de vivienda: el control de precios del alquiler. Dos años después de aprobar la controvertida ley de vivienda, el Ejecutivo ha anunciado una partida extraordinaria de 35 millones de euros para las regiones que se sumen a la declaración de zona tensionada, lo que permite topar el precio de los alquileres o modificar el régimen de prórrogas de los contratos. De este modo, deja fuera de juego y sin fondos a las comunidades que no hagan uso de esta medida.

Los desequilibrios en el mercado de la vivienda podría convertirse en cuello de botella para la economía española y en un problema social de "primera magnitud" en nuestro país. Es el aviso que el Banco de España lanza en su Informe Anual 2024 en el que pide abordar la situación de manera "decidida" y "holística". La institución dirigida por José Luis Escrivá también rebaja el déficit de vivienda a una horquilla de entre 400.000 y 450.000 unidades en el periodo 2022 y 2024, frente a las 600.000 planteadas en el informe del año pasado cuando Pablo Hernández de Cos estaba al frente del banco central español. El desajuste es "particularmente significativo" en cinco provincias: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga, que concentran algo más del 50% del déficit.

El control de los alquileres llega a Navarra. El Gobierno foral ha declarado oficialmente 21 municipios como zona residencial de mercado tensionado, lo que permitirá topar y regular el precio de las rentas o modificar el régimen de prórrogas de los contratos. La nueva regulación, que afectará a casi el 70% de la población de dicha comunidad, irá acompañada de un Plan de Medidas que contempla más de 50 actuaciones.