La polémica Ley de la Vivienda, en vigor ya desde hace casi un año, sigue trayendo cola. Algunas de las medidas más polémicas dentro de la nueva ordenanza contemplaban la limitación del precio del alquiler, así como la declaración de algunas áreas de población como 'zonas tensionadas', con el fin de contener la escalada de precios del mercado inmobiliario. Si bien las nuevas normas buscan como objetivo proteger al inquilino, los propietarios sienten la presión de Ley.
Según los datos extraídos de la encuesta realizada por Fotocasa Research el pasado mes de febrero, casi el 40% de los propietarios se plantean retirar su vivienda del mercado del alquiler por los efectos negativos de la Ley de Vivienda.
"La Ley de Vivienda beneficia a los inquilinos que tienen un contrato en vigor, al evitar subidas anuales de precio desorbitadas en sus contratos. Sin embargo, para los potenciales inquilinos que buscan un alquiler, las consecuencias de su puesta en marcha han sido perjudiciales, ya que indirectamente ha causado la retirada de más del 30% la oferta de arrendamiento disponible, ocasionando grandes tensiones en los precios y creando un mercado muy compacto y de poca rotación. Ahora, las dificultades de acceso a la vivienda en alquiler son peores que antes de la ley", denuncia María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
De alquiler permanente a temporal
Con la Ley de la Vivienda tan solo 2 de cada 10 inquilinos se siente respaldado a la hora de alquilar una vivienda, aunque un 34% considera que la situación no ha mejorado ni empeorado respecto a antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.
Los que sí que no sienten el apoyo del Estados son los propietarios, pues un 48% considera que la Ley de Vivienda les dificulta la posibilidad de alquilar su propiedad, y tan solo un 11% de los arrendadores aseguran que la normativa nacional les facilita el proceso.
Es por esto que, quizá, más de un tercio de los encuestados (casi el 40%) han retirado o se plantean retirar del mercado un inmueble de su propiedad a causa de la Ley de Vivienda, una proporción once puntos más a la registrada hace un año. Además, un 34% de los propietarios aseguran que prevén pasar de arrendar una vivienda durante todo el año a alquilarla para periodos vacacionales (o bien ya lo han hecho de forma efectiva), porcentaje similar al registrado en febrero de 2024.
Fotocasa ha indicado que también se ha incrementado el porcentaje de propietarios que planean entrar o ya han entrado en el mercado del alquiler individual de habitaciones de una vivienda que antes arrendaban entera. Ahora, estos representan ya el 28% del total, cuando hace un año eran el 22%, mientras que el 72% descartan esta opción.
Cataluña la comunidad con más arrendatarios reticentes
Una de las regiones más cumplidoras con la Ley de Vivienda en el último año ha sido Cataluña, y es precisamente en esta comunidad donde se encuentran los arrendatarios más reticentes. La encuesta revela que el 48% de los propietarios han pensado en retirar sus viviendas del mercado casi mismo porcentaje que los andaluces (47%). Mientras, ese porcentaje disminuye en el caso de la Comunidad de Madrid (29%) o de la Comunidad Valenciana (34%). En cambio, a nivel nacional, el 61% restante de los propietarios no prevén modificar su oferta de alquiler.
En este sentido, los datos también revelan un cambio de tendencia según comunidades. Unas "notables diferencias" territoriales que implica que 5 de cada 10 los propietarios andaluces están de acuerdo con esta posibilidad. Por su parte, la tasa se reduce al 33% en el caso de los catalanes, al 46% en el de los valencianos, y al 24% en el de los madrileños. A nivel nacional, un 66% de los arrendadores consideran poco o nada probable esta opción.
Asimismo, la encuesta revela que el 47% de los propietarios afirman que invertirán menos en la mejora de las viviendas que tienen alquiladas, porcentaje dos puntos superior al registrado hace un año. Esta eventual reducción de la inversión por parte de los propietarios también se plantea en la Comunidad Valenciana (donde el 61% de los arrendadores estudia esta opción), así como en Andalucía (47%), Cataluña (42%), y la Comunidad de Madrid (38%).