El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó ayer los peores presagios sobre el comportamiento de la inflación durante el mes pasado. En otras palabras, es ya oficial que el avance del IPC con respecto a 2021 se situó en el 10,8%, máximo desde 1984, que el INE ya había estimado provisionalmente a finales de julio. Lo abultado de esa cifra basta para dar una idea de la presión que el rápido crecimiento de los precios está provocando en las familias españolas. Pero no es posible tomar plena conciencia de esa realidad hasta que no se analiza el desglose por rúbricas que Estadística ofrece una vez confirmado el dato mensual. Ese análisis pormenorizado saca a la superficie encarecimientos de vértigo como el propio de los combustibles líquidos, capítulo que incluye el gasóleo y el fueloil para uso doméstico, cuyo precio se ha multiplicado por dos en los últimos doce meses. Esa categoría no incluye el diésel y la gasolina para automóviles, pero estos últimos productos no se quedan muy atrás con subidas del 35% y el 24% respectivamente, mientras las electricidad lo hace un 50%. Fuera de la energía, en el ámbito de la alimentación, son alarmantes subidas como el 38% de las harinas y el 23% de la leche, en la medida en que evidencian el rally en el que están sumidos productos básicos de la cesta de la compra de difícil sustitución por parte de las familias. El histórico IPC actual impacta en el flanco más débil de las economías sin visos de que vaya a remitir a corto plazo (basta con observar la tasa del 6,1% de la inflación subyacente). En esta situación, y ante la más que cuestionada efectividad de las medidas de emergencia del Gobierno, el deterioro de la capacidad de consumo de los hogares agravará la crisis en el cierre de año.