Llenar el carro de la compra se ha encarecido un 47% en los últimos cuatro años, según la consultora Kantar. A pesar de ello, la rentabilidad media de la gran distribución española apenas supera el 3%. Queda así patente que los supermercados no se han aprovechado del impulso de la inflación para aumentar los precios y, con ello, sus beneficios por mucho que le pese a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Tal responsabilidad tampoco se puede atribuir al sector del campo, que arrastra un crisis profunda que ha llevado a agricultores y ganadores a protestar por toda Europa. Si se descarta el principio y el final de la cadena alimentaria es más que obvio que la causa del alza de los precios en la alimentación reside en el injustificable reparto de márgenes que existe, que tiene como beneficiarios a los intermediarios al tiempo que perjudica al campo y a los propios consumidores. Para poner coto a esta situación, el Ministerio de Agricultura aprobó en diciembre de 2021 la ley de la cadena alimentaria. Una norma bienintencionada que contempló por primera vez sanciones en los contratos de compraventa no escritos, o cuando se cambian las condiciones de forma unilateral obligando a vender a pérdidas. El problema es que la aplicación de esta ley no está siendo la deseable. De hecho, las inspecciones de oficio se han reducido casi a la mitad durante el último ejercicio, pasando de 929 en 2022 a solo 558 en 2023. Es preciso, por tanto, que Agricultura redoble la supervisión del cumplimiento del reglamento para evitar los desequilibrios. Solo vigilando el proceso completo de producción de los alimentos se evitará ahogar a los productores y se limitarán las subidas de precios alimentarios, que castigan los maltrechos presupuestos familiares.
